"Compañeras, se firmó el dictamen en comisiones. Es un día difícil, pero mañana nos levantamos a seguir". —Mensaje en un grupo de WhatsApp.

La firma del dictamen que busca reducir la edad de responsabilidad penal en Argentina representa un momento crítico en materia de justicia penal juvenil, por el contexto a nivel país y por el tipo de reforma que se propone. Lejos de ser un simple trámite legislativo, se trata de un profundo retroceso en materia de Derechos Humanos y un grave incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, en especial en lo que respecta a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 

Hemos monitoreado de cerca el accionar del Poder Ejecutivo y de las comisiones legislativas en relación a este tema. Han circulado múltiples propuestas, casi todas con un objetivo en común: bajar la edad mínima de responsabilidad penal en adolescentes. Se trata de un claro retroceso. Un regreso a la lógica tutelar, que desconoce los derechos conquistados por niños, niñas y adolescentes. Penas desproporcionadas que duplican la edad de quienes las recibirán, medidas arbitrarias, tramposas y sobre todo, ilegales. En este sentido, hemos reflexionado mucho desde la perspectiva jurídica y técnica sobre el Régimen Penal Juvenil a partir de esta nota.

Lo veíamos venir. Desde el año pasado, se reinstaló con fuerza una bandera política que insiste en encerrar a niños, niñas y adolescentes cada vez más pequeños, bajo consignas cada vez más cortas, pero para nada novedosas. Lo que durante años fue una amenaza latente, hoy se vuelve una posibilidad concreta. Y con ello, se apuesta con fuerza a una narrativa punitivista que simplifica el conflicto social y criminaliza a las adolescencias más vulneradas, reproduciendo desigualdades estructurales bajo el falso discurso de “seguridad”. 

Pero ¿cómo es que llegamos hasta aquí? La pregunta se torna tan amplia que debemos trazar muchas líneas del tiempo en paralelo para poder explicar los progresos y regresiones en materia de Derechos Humanos que venimos sorteando en Argentina. Por lo pronto, hay un hito a destacar: 1980, año de sanción del aún vigente Decreto - Ley de Régimen Penal Juvenil. 

Desde ese momento, hasta hoy, ¿Cuáles son los actores que refuerzan discursos punitivistas? ¿A quiénes les hablan? ¿Qué sucede con nuestras propias narrativas? 

Aquí, un acercamiento a seguir cuestionando el rol de lo discursivo materializado en políticas. 

Discursos que castigan

Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican discursos. En muchas oportunidades, estos discursos tienen el poder de convertir representaciones individuales (perspectivas subjetivas, propias), en representaciones colectivas y viceversa a través de sus agendas mediáticas. Son quienes nos acercan nombres, etiquetas y formas de nombrar las diferentes situaciones que atravesamos como sociedad. 

Cuando el foco está puesto en las adolescencias, y se enciende la llama de una posible reforma del Régimen Penal Juvenil los discursos relacionados a la exclusión son los que primero aparecen, ponen nombres, catapultan frases. Estas frases que venimos escuchando, que circulan en los medios y en las altas esferas del poder estatal, como: “Delito de adulto, pena de adulto”, “Encerrá a uno y se termina la joda”, “Los chicos de ahora no son como los de antes”, forman parte de un entramado de representaciones que reflejan un posicionamiento político que actúa como control social.

Son construcciones que simplifican y distorsionan la complejidad de las trayectorias adolescentes y que, en lugar de promover justicia y reparación, legitiman la exclusión y el castigo. Frases breves, potentes y peligrosas, que esconden bajo su aparente lógica simple un desconocimiento profundo de la normativa vigente, de los tratados internacionales de derechos humanos y de la complejidad que atraviesa la adolescencia.

Estas frases no surgen de la nada, son el producto de un entramado de discursos violentos y de odio que buscan un enemigo común. Actúan como significantes vacíos, fáciles de repetir pero difíciles de desmontar en este escenario. En esa repetición se naturaliza la desigualdad, se legitima la violencia institucional y se refuerza el estigma.

Este tipo de discurso configura lo que Pierre Bourdieu llamaría una "violencia simbólica", una imposición de sentido que naturaliza la desigualdad social, camuflándose como sentido común. El resultado es una sociedad ajena, predispuesta a aceptar el encierro como única respuesta al conflicto.

Coberturas que construyen enemigos

¿Qué se dice de los y las adolescentes? ¿Qué imaginario se instala en la opinión pública cuando se habla de “chicos peligrosos” o de “soldaditos” del narcotráfico? ¿Por qué cala tan hondo la idea de que encerrarlos es una solución de seguridad?

La cobertura mediática del delito juvenil, lejos de ser neutral, participa activamente en la construcción de un “otro peligroso”: el adolescente pobre, varón y de barrios populares. Se lo muestra como amenaza, como enemigo, como sujeto sin derechos.

Como ha señalado el investigador Pablo Vommaro, “los discursos mediáticos no solo informan, sino que producen sentido común”. Ese sentido común, moldeado por la espectacularización del delito, justifica políticas de mano dura y refuerza estereotipos que estigmatizan a juventudes ya vulnerabilizadas. Así, en lugar de indagar en las causas estructurales de la violencia, reproducen un enfoque moralizante y punitivo.

Pero no se trata solo de una cuestión comunicacional. Mientras se desmantelan políticas públicas, se refuerza el brazo punitivo del Estado. Menos inversión en educación, salud y protección social; más presupuesto para seguridad, más cárceles, más castigos.

La autora Guemureman en el año 2023 (1), en su análisis Justicia penal juvenil y reforma legislativa: un análisis sociológico, nos traza una línea por la cuál seguir desarrollando estas preguntas en el marco de este contexto. Ella nos dice: 

“Las propuestas más neoconservadoras comparten con las neoliberales su desprecio al intervencionismo estatal en materia de regulación social, pero sí creen fuertemente en el Estado si se trata del sistema penal, por eso siempre la venia para la creación de más policía y más presupuesto para las fuerzas de seguridad.”  

Reducir la edad de punibilidad es, en realidad, una renuncia del Estado a su deber de garantizar derechos. Es elegir el camino del encierro en lugar del acompañamiento. Es convertir en problema penal lo que es, en el fondo, una desigualdad estructural. 

A lo largo de las últimas décadas, diversos proyectos han buscado construir un sistema penal juvenil respetuoso de las garantías procesales, de los estándares internacionales y de los derechos de los adolescentes. Sin embargo, la reforma que hoy se impulsa no forma parte de ese camino. Es una regresión legal. 

El actual régimen penal juvenil argentino, heredado desde 1980 de un decreto-ley de la dictadura, se basa en una lógica tutelar y represiva que ha sido objeto de múltiples críticas. Sin embargo, la solución no puede ser sustituir una norma regresiva por otra aún más punitiva.

(1) Guemureman, Silvia (2023): "Justicia penal juvenil y reforma legislativa: un análisis sociológico", Revista Argentina de Investigación Educativa, vol. III, núm. 6, diciembre, pp. 165-192. Link: https://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/91290-justicia-penal-juvenil-y-reforma-legislativa-analisis-sociologico

Una sociedad que elige: castigar o cuidar

Nos preguntamos, entonces: ¿qué infancia merece ser cuidada y cuál castigada? ¿A quién se le conceden los derechos y a quién se le niega?.

Lo que se está por votar tiene un costo. Y lo van a pagar los y las adolescentes de los barrios populares. El precio es su salud mental, su integridad y su futuro.  Lo que se está discutiendo no es justicia, es la batalla por esos “sentidos comunes” que se juegan en la oposición entre el encierro y la protección. 

Para lograr poner en el centro del problema estos discursos se necesita desmitificar algunos criterios, criticar lo “comúnmente” establecido y hacer las investigaciones pertinentes. 

Hace años que desde las organizaciones sociales venimos insistiendo desde el debate, la grupalidad y el acuerdo en disputar esos sentidos comunes. Investigamos, sistematizamos y no perdemos de vista esos datos estadísticos, ni los análisis de los organismos internacionales en relación al Régimen Penal Juvenil, estamos convencidas que otra forma de construir comunidad es posible. Lo que tenemos muy en claro es que lo que está en juego no es una cifra de edad, sino el pacto social que como país queremos construir para y con los chicos y las chicas.

Y por eso… mañana nos levantamos para seguir.