En la historia de los derechos humanos la protesta social ocupa un lugar fundamental. No sólo ha sido el motor de grandes conquistas históricas en materia de igualdad, dignidad y justicia, sino que constituye el ejercicio colectivo de distintos derechos humanos. En cada manifestación pública, vemos cómo se entrelazan y materializan derechos y libertades democráticas, como la libertad de expresión, de asociación, de reunión, el derecho a peticionar ante las autoridades o de participación ciudadana, entre tantos otros. 

Lejos de ser un instrumento coyuntural, la protesta social es el lenguaje más legítimo y genuino de los pueblos. Es la forma en que las sociedades, de manera organizada o espontánea acuden a las calles, irrumpiendo en el espacio público, cuando los canales institucionales fallan, resultan insuficientes o ineficaces. En contextos atravesados por la crisis económica, la pobreza, la exclusión y las desigualdades estructurales, como el que estamos viviendo hoy, la protesta se transforma en el mecanismo más potente e imprescindible para visibilizar injusticias, exigir respuestas y disputar sentidos.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la protesta social se puso en jaque. En un claro gesto de criminalización del disenso, una de las primeras medidas adoptadas por el poder ejecutivo, en diciembre de 2023, fue la implementación del llamado “protocolo antipiquetes”1, impulsado por el Ministerio de Seguridad y conocido también como “protocolo Bullrich”. Este protocolo marcó un punto de inflexión en la forma en que el Estado nacional aborda las protestas sociales, lo que implicó la ruptura de marcos democráticos mínimos. Lejos de ser una política administrativa dirigida a preservar el orden público y gestionar la conflictividad social, instituyó un dispositivo represivo abiertamente criminalizante. De manera alarmante, el protocolo vulnera derechos constitucionales, siendo incompatible con estándares internacionales en materia de protesta social. 

Con la excusa de garantizar la libre circulación, el “protocolo antipiquetes” habilitó la intervención de fuerzas federales, el uso arbitrario de filmaciones y otras estrategias para identificar manifestantes bajo la amenaza explícita de sanciones penales a quienes participen de protestas. Esta medida instaló un clima de violencia estatal punitiva de gran intensidad represiva que no sólo busca amedrentar sino también disciplinar a quienes se manifiestan con reclamos concretos dirigidos al gobierno.

Lamentablemente, la represión violenta de manifestaciones pacíficas, incluso de jubilados y jubiladas, se ha vuelto una escena recurrente en nuestro país. La gestión del orden público por parte del gobierno nacional prioriza el control social y la intimidación por encima del respeto a los derechos humanos, enviando un mensaje tan alarmante como contundente: para el gobierno de Javier Milei, el ejercicio democrático del derecho a la protesta es una conducta delictiva y quienes lo ejercemos o lo defendemos somos tratados como delincuentes.

Desde ANDHES sostenemos que criminalizar la protesta no sólo silencia voces disidentes sino que erosiona el Estado de derecho y la democracia. Estas prácticas estatales no son una novedad. Llevamos años denunciando su consolidación a nivel provincial, donde se vienen ensayando formas autoritarias de gestión del conflicto.

En este sentido, resulta ineludible mencionar el caso de la provincia de Jujuy, que desde el inicio de la gestión del ex gobernador Gerardo Morales en diciembre de 2015, se convirtió en un “laboratorio represivo”, se profundizó la persecución judicial a referentes sociales, la sanción del ejercicio del derecho a la protesta a través del Código Contravencional, la represión violenta de manifestaciones y las tareas de espionaje e infiltración por parte de la policía, configurando un escenario de hostigamiento constante hacia el ejercicio del derecho a la protesta.

En este escenario resulta necesario preguntarnos: ¿qué garantías encontramos desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y desde sus sistemas internacionales de protección de derechos frente al modelo autoritario de gestión de la protesta? Buscar estrategias sigue siendo nuestro principal desafío. 

De cara a un nuevo paro general anunciado por las centrales sindicales para el 10 de abril, que tendrá como antesala movilizaciones en todo el país el día miércoles 9 de abril, resulta necesario seguir defendiendo el derecho a la protesta.

Estar en las calles este 9 y 10 de abril es un acto de memoria, de dignidad y de resistencia. Acompañar las luchas de los diferentes sectores afectados por el modelo político económico que vulnera derechos es dar una muestra de solidaridad y reciprocidad como pueblo argentino. 

Estar en las calles es recordarle al gobierno y a todos los poderes que no estamos dispuestos a entregar nuestros derechos sin luchar por ellos porque defender la protesta es defender nuestra democracia.

1 Ministerio de Seguridad de la Nación (14 de diciembre de 2023). Resolución 943/2023 “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/300917/20231215