En un contexto crítico para las infancias y adolescencias en Argentina, remarcamos la importancia del proceso de designación de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes como una posibilidad de consolidar derechos, democratizar y sostener la institucionalidad y federalizar las políticas públicas. Reclamamos un proceso transparente, participativo y con plena autonomía política, que garantice una defensoría activa, territorial y comprometida con la defensa integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Un cargo que no puede ser simbólico

Desde ANDHES participamos recientemente de una audiencia informativa en el marco del proceso legislativo que definirá a la próxima autoridad al frente de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Este organismo, creado por la Ley 26.061 hace más de una década, es clave para la garantía de derechos de las infancias y adolescencias en el país.

Nuestra intervención ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación no fue una mera formalidad. Fue la expresión de una preocupación genuina por el momento en que nos encontramos: índices alarmantes de pobreza infantil, desfinanciamiento de programas de protección, retrocesos institucionales y una profunda crisis social que golpea de lleno a las niñeces, en especial a quienes viven en contextos de vulnerabilidad estructural.

Un contexto de retroceso y vaciamiento

El actual modelo económico de ajuste, impulsado por el gobierno nacional, impacta de manera brutal en las niñeces. La inflación, el desempleo y la caída del poder adquisitivo empujan a millones de hogares a la informalidad y la indigencia. A eso se suman las consecuencias del desmantelamiento de políticas públicas en áreas sensibles como salud, educación, vivienda, cuidado y protección integral.

Además, se continúan desfinanciando políticas con perspectiva de derechos, se estigmatiza a las juventudes en situación de vulnerabilidad, se elimina el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y se pone en cuestión la vigencia de normas clave como la Ley de Educación Sexual Integral. Se refuerzan discursos que niegan derechos adquiridos y que promueven lógicas punitivistas, adultocéntricas y patriarcales.

Todo esto conforma un escenario de grave retroceso en la agenda de derechos humanos para las infancias y adolescencias, que requiere con urgencia instituciones sólidas, autónomas y activas que actúen como contrapeso y garantes de derechos.

No se garantiza lo que no se nombra ni se defiende

En ese marco, sostenemos que el proceso de elección del nuevo defensor o defensora no puede limitarse a una decisión burocrática ni a un reparto de cuotas políticas. Estamos hablando de un cargo que debe tener una firme raíz técnica, política (en sentido amplio) y ética. Se trata de una figura que debe velar por el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados en la Ley 26.061, los tratados internacionales en la materia, y supervisar las políticas públicas que afectan directamente la vida de niñas, niños y adolescentes.

Pero, sobre todo, debe ser una persona con presencia territorial y sensibilidad social, que entienda que los derechos no se garantizan solamente desde un escritorio, sino en diálogo con las comunidades, en los barrios, en las organizaciones, en las escuelas y centros de salud, allí donde cotidianamente se disputa la dignidad de las infancias.

Un llamado a un proceso legítimo y transparente

Desde ANDHES insistimos en que este concurso debe sostener tres pilares innegociables:

:: Transparencia total: Debe existir una difusión clara de quienes se postulan, sus antecedentes, el proceso de evaluación y los criterios de selección. El acceso a esta información es esencial para construir confianza institucional.

:: Participación real: Es fundamental que se escuchen las voces de las organizaciones territoriales, las defensorías provinciales, las y los adolescentes y todos los actores que integran el sistema de protección. Su experiencia y conocimiento del territorio deben ser tenidos en cuenta como parte del proceso.

:: Autonomía verdadera: La figura que se designe debe actuar con independencia de los poderes de turno. Sin ataduras partidarias, para poder señalar incumplimientos, defender derechos y generar recomendaciones con legitimidad y libertad.

Federalismo, interseccionalidad y enfoque de género: condiciones básicas

La futura defensoría debe ser profundamente federal. Necesitamos una institucionalidad que comprenda las desigualdades estructurales y reconozca las particularidades culturales, sociales y económicas de cada región del país. No es lo mismo crecer en un barrio popular del conurbano bonaerense que en una comunidad indígena del NOA, y una defensoría nacional debe responder a esas diferencias con justicia e inteligencia institucional.

También es fundamental una mirada interseccional que contemple las distintas formas en que se entrecruzan las violencias y desigualdades: por género, por identidad sexual, por discapacidad, por situación migratoria, entre otras.

Por último, es indispensable un enfoque de género sólido y activo. Queremos una defensoría que exija la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), que defienda el derecho a una vida libre de violencias, que garantice el acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos, incluyendo ILEs e IVEs. Porque lo decimos con claridad: las niñas son niñas, no madres.

Una oportunidad que no debe desperdiciarse

El proceso de designación del próximo defensor o defensora nacional puede ser un punto de inflexión. Puede ser el inicio de una etapa de mayor institucionalidad, mayor participación y mayor presencia territorial. Pero también puede convertirse en una oportunidad perdida si no se garantiza la transparencia, la autonomía y la verdadera inclusión de las voces que día a día trabajan por y con las infancias y adolescencias en los territorios.

Desde ANDHES reafirmamos nuestro compromiso con una niñez con derechos, con una defensoría activa y legitimada, y con un país que no postergue más a quienes deberían ser prioridad. Seguiremos participando y alzando nuestras voces para que este proceso esté a la altura de lo que las niñas, niños y adolescentes necesitan y merecen.

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