La empresa Ledesma S.A.A.I. tuvo un papel central en el genocidio en Jujuy. Participó activamente del proceso de reconfiguración social que, mediante la persecución, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas, desarticuló todo tipo de organización social y sindical que pudiera resistir u obstaculizar el proceso político de “reorganización nacional” y el proyecto económico neoliberal.

En el año 2012, la justicia federal procesó a Carlos Pedro Blaquier, dueño de la Empresa Ledesma, y a Alberto Enrique Lemos, su administrador, por delitos de lesa humanidad. Así se abrió un nuevo capítulo en el proceso local de Memoria, Verdad y Justicia, que aún no ha concluido. Los delitos por los que fueron acusados incluyen la privación ilegal de la libertad de veinte personas en Ledesma, Calilegua y Libertador Gral. San Martín, ocurridos en marzo de 1976 (Causa Aredes) y en julio del mismo año, durante los operativos conocidos como “La Noche del Apagón”. Algunas de estas personas fueron víctimas de desaparición forzada.

A pesar de que el caso estuvo en condiciones de ser elevado a juicio en 2013, se retrasó debido a la intervención de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación, que en 2015 dictó la falta de mérito para ambos acusados, lo que constituyó una maniobra judicial que favoreció la impunidad. Recién en julio de 2021 la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló lo resuelto por Casación, calificando dicha decisión de "arbitraria" y destacando que obstaculizó indebidamente el avance del proceso. El retardo en la decisión judicial fue una estrategia que garantizó la impunidad de Blaquier, quien, beneficiado por la llamada impunidad biológica, falleció en el 2023 sin sentarse en el banquillo de los acusados. En marzo de 2024, se realizó la audiencia preliminar del juicio oral y público de dicha causa. 

Sin embargo, el juicio en el que podría debatirse la responsabilidad criminal de una de las empresas más poderosas del país aún no se ha realizado. Esto evidencia barreras estructurales que obstaculizan el avance hacia la justicia y la rendición de cuentas del poder económico y de los cómplices civiles de la última dictadura cívico-militar. El inicio del juicio es una urgencia democrática que nos interpela.

La complicidad empresarial de Ledesma S.A.A.I.

La responsabilidad o complicidad empresarial refiere a la participación de personas, empresas o instituciones que colaboraron con la dictadura, brindando apoyo material y político. Es decir, alude al involucramiento de actores económicos en graves violaciones a los derechos humanos o en la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado. Estos actores facilitaron la implementación del plan represivo al mismo tiempo que se beneficiaron de él.  

La complicidad de Ledesma S.A.A.I. se vincula con la detención de obreros, trabajadores y sindicalistas, no sólo en la dictadura, sino también en años previos, se registran antecedentes en 1974 y 1975 (un episodio clave, por las numerosas detenciones, fue la intervención del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma que se produjo el 21 de marzo de 1975). Desde el 24 de marzo de 1976, identificamos detenciones arbitrarias relacionadas con la participación de la empresa, siendo los momentos de mayor violencia y magnitud los operativos conocidos como “La Noche del Apagón”, desplegados entre los días 20 y 27 de julio de 1976. Se estima que alrededor de 400 personas fueron secuestradas.

Existen pruebas concretas de la participación de la empresa en las detenciones. Una de las pruebas principales son los testimonios de las víctimas y testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad, que permitieron identificar detenciones ocurridas dentro de instalaciones de la empresa, cuando las personas se encontraban trabajando, así como traslados realizados con vehículos y por personal de Ledesma. Algunos trabajadores detenidos fueron alojados en centros clandestinos de detención ubicados en predios pertenecientes a la empresa. También surgieron elementos que dan cuenta del trabajo de inteligencia, de la identificación y marcación de trabajadores realizado por Ledesma.

Las violaciones a los derechos humanos fueron posibles porque la empresa y sus responsables incumplieron sus deberes como empleadores: no protegieron a sus trabajadores ni denunciaron los secuestros ocurridos dentro del predio o en el camino hacia el lugar de trabajo. Lejos de desconocer lo que ocurría, como alegaron sus defensores, la empresa tuvo pleno conocimiento de las detenciones, aportó listas con nombres de trabajadores a detener y brindó apoyo logístico para concretar los secuestros. Sin estos aportes, la violencia del Estado no  habría alcanzado la magnitud que tuvo.

El imputado Lemos afirmó en su declaración indagatoria que la empresa facilitaba el inmueble, los medios de movilidad, cupones de nafta y demás recursos necesarios para la creación y el sostenimiento de una sección de Gendarmería, a cambio de seguridad. Esos “servicios de seguridad” estaban vinculados al control, la “contención” de reclamos gremiales, la represión de actividades sindicales y la recopilación de datos sobre las personas que actuaban “en contra de los intereses de la empresa”.

Durante los años de dictadura, la empresa se benefició económicamente por las políticas de promoción industrial y del proceso de concentración y centralización de la economía. Las ganancias de Ledesma aumentaron gracias al entorno de represión laboral y a las condiciones políticas y económicas propicias, que generaron una mayor demanda y apoyo estatal directo a su actividad. En este período, la empresa revirtió la mayoría de las conquistas obreras obtenidas como consecuencia de la lucha y organización de los años anteriores. Los salarios fueron abruptamente disminuidos y la mecanización implicó una fuerte reducción de la planta de trabajadores, generando mayor desocupación en la región. Existen, inclusive, testimonios de trabajadores que señalaron haber sido obligados por la empresa a renunciar a todos sus derechos laborales a cambio de libertad, mientras que otros fueron obligados a aceptar montos indemnizatorios muy inferiores a los que legalmente les correspondían.

La impunidad biológica de Blaquier

La muerte de Carlos Pedro Blaquier el 13 de marzo de 2023 reavivó debates sobre la responsabilidad de las empresas en el proceso genocida, la impunidad de los actores económicos y la lentitud de la justicia frente a estos delitos . Antes de su fallecimiento, el Tribunal Oral Federal de Jujuy ya había determinado que Blaquier no estaba en condiciones de ser juzgado debido a una incapacidad mental sobreviniente, según informes médicos forenses.

La categoría “impunidad biológica” se ha impuesto entre los organismos de derechos humanos y el activismo judicial para referirse a la ausencia de juicio y condena para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, como consecuencia de su muerte, generalmente vinculada a la edad avanzada de los acusados y al retardo de la justicia.

Hacia una nueva Marcha del Apagón, el juicio es urgente

Como todos los años, hoy se realizará una nueva Marcha del Apagón, de Calilegua a Ledesma. La consigna que afirma que las empresas fueron parte del genocidio se impone frente a la urgencia de que inicie el juicio de lesa humanidad contra el imputado Alberto Lemos.

Abordar la responsabilidad de las empresas en las violaciones a los derechos humanos implica enfrentar a los grupos concentrados de poder económico, que conservan un alto grado de incidencia en el poder político y vínculos estrechos con el poder judicial. Equilibrar esta balanza desigual frente a las víctimas, y reducir la brecha de impunidad, es una tarea compleja.

El Estado, en su rol de garante de los derechos humanos, hoy enfrenta graves retrocesos, en un escenario político donde el gobierno nacional no solo niega el genocidio, sino que reivindica las acciones de los genocidas. Esto nos enfrenta al menos a dos desafíos, por un lado, insistir en la independencia, imparcialidad y objetividad del poder judicial; por otro, afianzar las memorias y las resistencias locales de manera articulada, buscando fortalecer socialmente el proceso de juzgamiento.

Las víctimas vienen resistiendo contra la impunidad hace más de 40 años. En este momento, lo que más urge es que el Tribunal Oral Federal fije una fecha para dar inicio al juicio. Quizás esta Marcha sea una nueva oportunidad para convocarnos a construir articuladamente una fuerza que nos permita enfrentar los obstáculos  que impiden que hasta el día de hoy ningún responsable empresarial del genocidio haya sido juzgado. Exigimos que finalmente pueda hacerse justicia.