Así lo sostiene Lorena Mamani, abogada jujeña que desde hace años asume su rol profesional con una mirada feminista y de derechos humanos.

El estallido del Jujeñazo en 2023 marcó un punto de quiebre para la sociedad jujeña, y visibilizó con crudeza el hostigamiento, las amenazas y los múltiples obstáculos para ejercer el derecho a la protesta y a la defensa de los derechos fundamentales.

Lorena integra el equipo legal del CEDEMS (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior), uno de los gremios docentes más representativos de la provincia. Desde allí acompañó los reclamos salariales impulsados en asambleas, que pronto se articularon con el rechazo masivo a una reforma constitucional impuesta sin consulta previa y que implicó graves retrocesos en materia de derechos, especialmente para los pueblos indígenas y sectores trabajadores.

La respuesta estatal fue violenta: represión, detenciones arbitrarias, desinformación y condiciones inhumanas de detención. En ese escenario de caos y persecución, ejercer el rol de defensora significó mucho más que la asistencia legal: implicó resistir a la manipulación informativa, recorrer comisarías y penales sin saber dónde estaban las personas detenidas, contener a familias angustiadas y garantizar –con los pocos recursos disponibles– el derecho a la defensa y al debido proceso.

Desde ANDHES, reconocemos y acompañamos el trabajo de quienes, como Lorena, enfrentan las violencias del Estado desde la defensa activa de los derechos humanos. Porque ser defensora no es un título: es una práctica política que transforma realidades.