La transición energética, que se presenta como solución global, profundiza desigualdades históricas en territorios indígenas del noroeste argentino. Esta región, rica en minerales esenciales como el oro, el cobre y el litio, se ha convertido en un foco mundial para la minería, a pesar de las amenazas documentadas a las tierras y los derechos de las comunidades locales.
En el marco de un proyecto desarrollado entre ANDHES y el IIED, se llevaron a cabo una serie de talleres en las que se buscó retratar y entender las nociones locales que circulan en comunidades indígenas de las provincias de Jujuy y Tucumán en torno a la transición energética justa.
Se presentan aquí dos experiencias de comunidades indígenas situadas en dos regiones: la de Amaicha del Valle en Tucumán, y la de Rinconada en la provincia de Jujuy, incluso comunidades de Rinconada, Cienego Grande, Santo Domingo, Lagunillas de Pozuelos, Laguna Larga y Pampa Colorada.
El vínculo de estas comunidades con la transición energética ha sido diverso y complejo. En Amaicha del Valle, se relatan experiencias concretas de instalaciones fallidas de emprendimientos de energías renovables, así como daños en carreteras y edificios causados por camiones pesados que se desplazan desde las explotaciones mineras de oro que se desarrollan en la vecina provincia de Catamarca.
Las comunidades de Rinconada denuncian que la minería en la zona – que genera graves impactos socioambientales – forma parte de la cadena de producción de una transición energética cuyos beneficios no llegan hasta sus territorios.
La comunidad indígena Amaicha del Valle, de aproximadamente 5.000 habitantes, está situada en una región montañosa de la provincia de Tucumán.
Los planes fallidos provocan desconfianza en la promesa de una ‘transición justa’
Si bien en la provincia de Tucumán, las zonas urbanas cuentan con acceso a energía, eso se complejiza en las zonas rurales. En Amaicha, la energía proviene principalmente de fuentes no renovables, lo que causa deforestación, contaminación y problemas de salud. Los paneles solares son escasos por su costo y baja eficiencia (cortes constantes, baja tensión, lo que limita su uso a determinados aparatos eléctricos). La infraestructura eléctrica es precaria y muchas zonas no están conectadas.
El acceso al agua, dependiente de bombas eléctricas, enfrenta escasez y conflictos de distribución, que se agrava a raíz de ser una zona con estrés hídrico.
En 2017 se intentó instalar un parque solar en el territorio de la Comunidad de Amaicha. Se trató de una empresa extranjera, que pretendía instalar el proyecto en una zona con restos arqueológicos.
Hubo mucha resistencia de la comunidad porque no se consultó desde el principio… y no se siguió adelante, porque en los estudios previos a la instalación se vio que había petroglifos en un sitio que no estaba estudiado ni en condiciones. Lili, comunera
Eran capitales españoles o franceses, era todo muy a las apuradas… se dijo que no porque había mucha desconfianza. Chavella, comunera
Al final, el proyecto no se llevó a cabo, pero este antecedente reforzó la desconfianza hacia proyectos que llegan sin consulta previa, libre e informada (CPLI), ni con información técnica accesible. A su vez, estas experiencias han tendido a problematizar la noción misma de 'transición justa', ya que las empresas aparecen apuradas y con promesas vacías.
La minería devasta el medio ambiente y contamina las fuentes de agua
En Rinconada, un departamento de la provincia de Jujuy donde habitan más de 20 comunidades indígenas, el acceso a la energía combina fuentes tradicionales – como leña y bosta, ya sobreexplotadas – con otras no renovables como gas en garrafa y electricidad inestable. Si bien hubo intentos de utilizar soluciones renovables, como termotanques y paneles solares, las comunidades enfrentan barreras como el alto costo y la falta de asistencia técnica.
La minería está presente en Rinconada desde la instalación de la mina Chinchillas en 2018, donde se extrae plomo, plata y zinc, minerales considerados críticos para la transición energética global.
Pero la gente que vive cerca dice que la mina ha devastado el medio ambiente local:
En realidad nosotros somos los perjudicados, porque vivimos en el territorio de donde sacan la riqueza. Y nosotros nos estamos quedando sin nada, y las grandes obras se están poniendo en la ciudad… Mirta, comunera de Rinconada
No se puede criar ni hacienda, el agua está toda contaminada, mina Chinchillas está contaminada… todo está lleno de contaminación, así ¿cómo es que hacemos? Armando, comunero de Lagunilla de Pozuelos
Sin beneficios para los Pueblos Indígenas
Desde la perspectiva de quienes habitan estos territorios, esta transición reproduce un modelo extractivista colonial. Se extraen recursos en nombre de un futuro sustentable, pero se perpetúa la exclusión de los pueblos indígenas.
Ambas experiencias exponen problemas históricos que se renuevan con las mismas lógicas de exclusión, las dinámicas estructurales que continúan impactando y marginando a las comunidades indígenas y a la población local.
Estas dinámicas incluyen:
El acceso a la energía debe ser un derecho, no un privilegio
Si bien las comunidades reconocen la urgencia de mejorar el acceso a la energía y disminuir la dependencia de fuentes contaminantes, también cuestionan los modelos de transición promovidos desde el 'extractivismo verde' y que no prevén métodos de gestión colectivos o en el que las comunidades puedan tener un rol más activo.
La energía debe dejar de ser un privilegio y convertirse en un derecho colectivo, eso implica cambiar las formas de producirla, distribuirla y gobernarla. Significa escuchar, respetar y garantizar que quienes cuidan la tierra puedan también decidir sobre su futuro. No alcanza con tecnologías limpias si se mantienen lógicas coloniales.
