La Ley Nacional N.º 26.061, significó un punto de inflexión histórico al traducir el paradigma de la Convención sobre los Derechos del Niño en políticas públicas concretas, instituciones específicas y obligaciones estatales exigibles. Su creación implicó abandonar normativamente el modelo tutelar y reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, con garantías que deben ser respetadas, protegidas y promovidas de manera integral.
Conmemorar el aniversario del Sistema de Protección Integral es una oportunidad para interpelar el presente desde una mirada crítica que permita evaluar en qué medida este andamiaje institucional logra hoy cumplir su función. En tiempos donde los discursos públicos tienden a relativizar el rol del Estado, a deslegitimar las políticas sociales y a cuestionar la especificidad de las políticas de niñez, resulta fundamental recordar que el Sistema de Protección Integral es una obligación jurídica y política asumida por el Estado argentino.
El escenario actual muestra profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales que impactan de manera directa en las niñeces y adolescencias. La persistencia de altos niveles de pobreza infantil, el debilitamiento de programas de protección, el desfinanciamiento de políticas claves y la proliferación de discursos estigmatizantes configuran un contexto adverso para la garantía de derechos. Si bien el Sistema de Protección Integral cuenta con un sólido marco normativo nacional y provincial, su implementación efectiva se encuentra tensionada por decisiones políticas que reducen presupuestos, fragmentan responsabilidades y desarticulan dispositivos fundamentales. En este sentido, las políticas impulsadas por el actual gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, han profundizado estas tensiones mediante la suspensión o vaciamiento de programas estratégicos, acompañadas de discursos que privatizan las problemáticas sociales y desresponsabilizan al Estado.
Pensar este aniversario implica analizar cómo este entramado normativo e institucional debería garantizar el bienestar físico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna, y evaluar las deudas persistentes, los desafíos estructurales y el rol indelegable de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa activa de los derechos frente a los retrocesos y vulneraciones, desde una mirada regional.
Avances que redefinieron la protección integral de niñas, niños y adolescentes
En la última década, los avances en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes se expresaron principalmente en la consolidación progresiva de la institucionalidad del Sistema de Protección Integral y en el fortalecimiento de políticas públicas que buscaron operativizar el enfoque de derechos. La implementación de la Ley 26.061 permitió desarrollar dispositivos administrativos de protección, deslindar competencias, delimitar responsabilidades estatales y promover abordajes integrales e intersectoriales.
Se registraron avances en el ámbito judicial, con la incorporación progresiva de estándares de derechos humanos en decisiones que reconocen la autonomía progresiva, el interés superior del niño y el derecho a ser oído, junto con la elaboración de protocolos de actuación frente a casos de vulneración de derechos en instituciones educativas y comunitarias.
La Educación Sexual Integral emergió como una política clave para el ejercicio de derechos, particularmente en relación con la salud sexual y reproductiva, la prevención de violencias y la construcción de ciudadanía.
El Programa ENIA (Embarazo no Intencional en la Adolescencia) constituyó uno de los ejemplos más relevantes de articulación intersectorial entre salud, educación y desarrollo social, logrando reducir los embarazos no intencionales en la adolescencia y evidenciando el impacto positivo de las políticas sostenidas en el tiempo.
En el campo de la salud, la creación de consultorios especializados para adolescentes y la formación de equipos con enfoque específico permitieron mejorar el acceso y la calidad de las intervenciones. En educación, la sanción e implementación de leyes de Centros de Estudiantes en distintas provincias, como Jujuy, Salta, Tucumán amplió formalmente los espacios de participación adolescente.
A nivel institucional, la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación y la figura del Abogado del Niño fortalecieron los mecanismos de acceso a la justicia. También se expandieron los Centros de Desarrollo Infantil y se sostuvo la línea 102 como canal de orientación y denuncia.
No obstante, analizar avances implica también reconocer que estos procesos no fueron lineales ni homogéneos. Los derechos no se garantizan sólo con normas, sino con decisiones políticas sostenidas. Las crisis económicas recurrentes, la reducción presupuestaria y la fragmentación institucional han debilitado capacidades estatales, afectando de manera diferencial a los territorios más vulnerados. La instalación de discursos que exaltan la meritocracia y deslegitiman las políticas universales invisibiliza las desigualdades estructurales y tensiona el sentido mismo del Sistema de Protección Integral.
Las deudas y desafíos que persisten para que los derechos sean efectivos
A pesar del andamiaje normativo existente, las deudas en la implementación efectiva del Sistema de Protección Integral son profundas y persistentes. El desfinanciamiento de programas nacionales clave y la falta de asunción plena de responsabilidades por parte de algunos gobiernos provinciales han generado retrocesos significativos. En Jujuy, la eliminación de programas específicos y su reemplazo por iniciativas más acotadas evidencia una pérdida de integralidad en los abordajes; mientras que en otras provincias, las respuestas fragmentadas no logran sustituir políticas estructurales previamente existentes.
En educación, la participación estudiantil continúa siendo limitada, con centros de estudiantes reducidos a espacios formales sin incidencia real. La inclusión educativa de niñas y niños con discapacidad enfrenta obstáculos estructurales: demoras en pagos a docentes de apoyo, excesiva burocracia y falta de articulación entre salud, educación y protección. En salud, la falta de insumos, la discontinuidad de programas como Menstruar y la ausencia de dispositivos especializados para víctimas de violencia sexual constituyen deudas urgentes, agravadas por la escasa inversión en salud mental en un contexto de aumento de suicidios adolescentes.
La protección frente a las violencias sigue siendo desigual y fragmentada. La cobertura limitada de los Centros de Desarrollo Infantil, la falta de presupuestos adecuados y la ausencia de una reforma integral del régimen penal juvenil sostienen prácticas alejadas de los estándares de derechos humanos. En los territorios, las condiciones estructurales de infraestructura son deficientes, precarización laboral de trabajadores de cuidado, quita de subsidios alimentarios profundizan las vulneraciones. En el ámbito digital, la ausencia de políticas de ciudadanía digital expone a niñas y adolescentes a múltiples riesgos sin estrategias estatales de prevención y acompañamiento.
Un desafío transversal es la falta de datos públicos confiables y actualizados. Sin información robusta, las políticas se diseñan sin evidencia y se reproducen desigualdades que el propio Sistema de Protección Integral debería revertir.
La sociedad organizada como garante
Las organizaciones sociales desempeñamos un rol central dentro del Sistema de Protección Integral, especialmente en contextos de debilitamiento estatal. Nuestra tarea no se limita a la defensa jurídica, sino que incluye la presencia territorial, el trabajo pedagógico, la escucha activa y la reconstrucción de vínculos comunitarios. En provincias como Jujuy, donde históricamente se intentó deslegitimar y silenciar a las organizaciones sociales, sostener la palabra pública y la incidencia política se vuelve una forma de resistencia.
ANDHES asume un rol de incidencia, monitoreo y denuncia frente a incumplimientos estatales, utilizando herramientas judiciales, administrativas y comunicacionales. Cuando el Estado no garantiza derechos, las organizaciones cumplimos la función de señalar, incomodar y exigir, actuando como veedoras del cumplimiento de los estándares de derechos humanos. Al mismo tiempo, trabajamos para acercar los derechos a la vida cotidiana, demostrando que no son abstracciones jurídicas, sino condiciones materiales que deben hacerse efectivas en escuelas, centros de salud, barrios y entornos digitales.
El Sistema de Protección Integral se sostiene en prácticas concretas que deben materializarse en políticas públicas, presupuestos suficientes y acciones estatales coordinadas y sostenidas en el tiempo. Defender los derechos de las infancias y adolescencias implica garantizar que este sistema no quede reducido a una arquitectura normativa, sino que se traduzca en realidades palpables: escuelas que enseñan y cuidan, sistemas de salud accesibles, dispositivos de protección eficaces, entornos digitales seguros y comunidades capaces de acompañar. Cuando el sistema no se implementa de manera efectiva, los derechos se vacían de contenido; por eso, resulta imprescindible exigir Estados presentes, responsables y comprometidos con sus obligaciones.
El Sistema de Protección Integral no puede sostenerse de manera aislada. La articulación interinstitucional entre áreas de salud, educación, niñez, justicia, organizaciones sociales y comunidad es una condición indispensable para que los derechos puedan ejercerse plenamente. Convocamos a fortalecer prácticas más integrales y menos fragmentadas, que reconozcan el rol de las familias y, fundamentalmente, el lugar de niñas, niños y adolescentes como protagonistas. El trabajo intergeneracional no es un complemento, sino una base necesaria para repensar el sistema desde la experiencia, la escucha y el cuidado mutuo.
En este contexto resulta imprescindible revalorizar el Sistema de Protección Integral y las políticas públicas que fueron construidas a lo largo de décadas de luchas colectivas. Recuperar su origen, comprender por qué existen y a quiénes están destinadas no es un ejercicio nostálgico, sino un posicionamiento político frente a los intentos de vaciamiento y deslegitimación. Las niñeces y adolescencias del presente nos interpelan a revisar enfoques, cuestionar prácticas naturalizadas y adecuar las respuestas institucionales a contextos sociales cada vez más complejos y cambiantes. En este marco, apostar a una pedagogía de la ternura centrada en el cuidado, el reconocimiento y la empatía se constituye como una forma concreta de resistencia y de construcción política. Cuidar, acompañar y escuchar son hoy, más que nunca, acciones indispensables para defender derechos y sostener la dignidad de cada niña, niño y adolescente.
