Desde el 17 al 23 de noviembre de 2025, en las sesiones N° 83, el Comité contra la Tortura evaluó a la Argentina en relación al cumplimiento de sus obligaciones asumidas de acuerdo a la Convención contra la Tortura. Luego de la presentación del informe de situación del estado y de los informes realizados por más de 16 organizaciones, el Comité elaboró el informe de observaciones generales en donde realizó recomendaciones a la Argentina

Entre las observaciones, los expertos señalaron: “Preocupan además las informaciones que denuncian detenciones masivas, seguidas de actos de hostigamiento y el arresto sin supervisión judicial en el marco de “operativos preventivos”, como los realizados en barrios populares, incluidos contra niños y niñas, en Tucumán(...)” y sobre este apartado recomendaron al estado “Tomar las medidas necesarias para prevenir y poner fin a las detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados por parte de agentes del orden durante las aprehensiones en la vía pública en situaciones de flagrancia, así como en el marco de registros policiales y otros operativos policiales. También se deberá velar por que todas las denuncias al respecto sean investigadas sin demora y de forma efectiva, independiente e imparcial; y, en caso de determinarse que hay agentes responsables, se les sancione adecuadamente”.

Frente a este llamado de atención por parte de Naciones Unidas, el Gobernador de Tucumán fue el único mandatario provincial en responder de forma pública. Lejos de realizar un ejercicio reflexivo o de autocrítica, su postura fue de defensa del modelo de seguridad que se implementa y con la promesa de reforzar y profundizar los trencitos: “Después de mucho tiempo hay una política de prevención. Los resultados que hemos conseguido están reflejados en la disminución de los delitos contra la propiedad y los homicidios. Fueron medidas acertadas que no solo la mantendremos, sino que las profundizaremos”(1). Resulta preocupante que ante este señalamiento del Comité de expertos, luego de evaluar la falta de cumplimiento de la provincia con estándares internacionales de derechos humanos, el gobierno provincial no realice el ejercicio de revisar las prácticas y políticas de seguridad que generan graves vulneraciones en los derechos de una gran parte de la población tucumana. ¿Todo dentro de la ley?

En simultáneo, mientras el mandatario ponía en valor el modelo de seguridad por los resultados alcanzados, Tucumán atravesaba el mes más violento del 2025, con 11 homicidios ocurridos en el mes, 8 de ellos en una sola semana (2). En este punto es importante señalar que las estadísticas de homicidios tienen tendencia bajista sostenida desde el año 2020, mucho antes que los operativos “trencitos” se implementen en la provincia (3). Es decir, la criminalidad es un fenómeno multicausal y multidimensional, no responde de forma directa a un sólo factor y no puede relacionarse de forma única la baja de homicidios con el recrudecimiento de la violencia policial ni la implementación de operativos ilegítimos. Lo que sí es seguro es que de forma periódica las personas que habitan los barrios populares de la provincia se enfrentan a detenciones ilegales, allanamientos sin órdenes judiciales y graves hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. 

Como si este panorama no fuera complejo, un gran escándalo de corrupción sacudió a la plana mayor de la Policía provincial durante noviembre y diciembre de 2025, cuando luego de que salió a la luz que un comisario utilizaba a personas alojadas en la comisaría de El Cadillal, se denunció el pedido de coimas por parte de los efectivos policiales y la justicia ordenó allanar las casas de más de una decenas de funcionarios policiales (4). Este episodio, que evidencia una situación irregular que se denuncia históricamente desde los barrios populares, nos lleva a la certeza de que frente al avance represivo como modelo de seguridad, es necesario reforzar las herramientas de cuidado colectivo y contrapoder. 

En ese marco nació el Mapa de la Policía de Tucumán, como herramienta que posibilita construir un mapeo georeferenciado de las fuerzas de seguridad provinciales, saber quiénes son, pero además registrar hechos de violencia policial y ejecuciones extrajudiciales que permitan visibilizar el accionar policial abusivo y generen insumos para pensar qué modelo de seguridad sí queremos y necesitamos como ciudadanos y sujetos de derecho. El pasado 17 de diciembre, junto a organizaciones sociales, políticas, territoriales y medios de comunicación de la provincia, lanzamos la estrategia. Nos queda por delante el desafío de profundizar la organización de nuestro campo para que cada vez más vecinos y vecinas puedan conocer por qué, para qué y cómo usar la herramienta.

Cuando cerrábamos este análisis para el Boletín, el día 24 de enero, se conoció que el gobierno provincial planifica la construcción del “Instituto José Gabriel del Rosario Brochero-Benjamín Paz”, para adolescentes infractores de la ley, dentro del Complejo Penitenciario Benjamín Paz. Este anuncio nos preocupa profundamente, porque entraría en contradicción con estándares internacionales establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y acogidos por nuestra Constitución Nacional, como el principio de especialidad del Régimen Penal Juvenil y la prohibición de alojar adolescentes infractores junto a adultos infractores, pero además entra en colisión con el Código Procesal Penal y la Ley de Protección Integral 26.061. Según declaraciones del Gobernador provincial “Hoy a los menores los estamos enviando al Instituto Roca, el centro de clasificación de menores, donde llevan a cabo actividades recreativas. Es decir, parecería que la condena no la sienten” pero ignora el funcionario que por mandato legal la finalidad de las medidas de privación de libertad de adolescentes no son el castigo, sino que además de responsabilizar al adolescente la medida debe tener una finalidad socioeducativa y garantizar el acceso a la salud, la educación, la justicia y la recreación, entre otros, cualquier otro régimen se encontraría fuera de la ley. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema, veremos qué va pasando, pero no queríamos dejar de mencionarlo.

(1) Fuente: La Gaceta, 13 de diciembre del 2025; nota disponible en el siguiente link: https://www.lagaceta.com.ar/nota/1116612/politica/polemica-trencitos-profundizaremos-politica-prevencion-dijo-jaldo.html 

(2) Fuente: La Gaceta, 27 de diciembre del 2025; nota disponible en el siguiente link:  https://www.lagaceta.com.ar/nota/1118435/seguridad/con-11-homicidios-diciembre-mes-mas-violento-ano.html

(3) Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Estadísticas criminales de la República Argentina, Ministerio de Seguridad Nacional, disponibles en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/seguridad/estadisticascriminales

(4)  Fuente: La Gaceta, 18 de noviembre del 2025; nota disponible en el siguiente link: https://www.lagaceta.com.ar/nota/1113101/seguridad/presuntas-coimas-policia-decena-allanamientos-compromete-jefes-comisarias-tucuman.html