Por el contrario, los proyectos asociados a los llamados transversal en todo el territorio provincial. El caso de Palma Sola, en la región de Yungas, con proyectos de extracción y procesamiento de cobre vinculados a la empresa Martín Bronce, constituye un ejemplo paradigmático de esta expansión y de las vulneraciones de derecho que la acompañan.
En este territorio, la comunidad expresó de manera contundente su rechazo a la instalación de una planta de lixiviación asociada a la explotación minera en la zona de 7 Aguas, alertando sobre la ausencia total de Consulta Previa, Libre e Informada (en adelante CPLI), la falta de acceso a información completa y pública, y los riesgos ambientales en un contexto donde el agua ya es un bien escaso. Familias del barrio Agua Negra, productores y vecinas y vecinos denunciaron que nunca fueron informados ni convocados a instancias de participación real, pese a que el proyecto impacta directamente sobre su territorio y sus condiciones de vida.
Desde que comenzaron a circular las primeras informaciones sobre el proyecto, vecinas y vecinos de Palma Sola iniciaron un proceso de organización comunitaria atravesado por la preocupación y la incertidumbre.
“no avisaron nada, ni desde la empresa o desde la municipalidad han hecho un llamado para dar aviso, querían hacer y nosotros como vecinos, nos enteramos en los primeros días de noviembre, de casualidad por un vecino que dio aviso al Consorcio Arroyo Santa Rita” relata Vanesa Mendez, integrante de la Comisión para la protección del medio ambiente en la ciudad de Palma sola.
Al enterarse de lo que estaba sucediendo, el consorcio convoca a una reunión, de las cuales asistieron productores como también vecinos y vecinas de Palma Sola,
“ahí vimos que la preocupación no era únicamente de de los productores, sino también de toda la comunidad porque nos enteramos ahí, que la empresa Mom Mining, que incluso reconoció que llevaba más de tres años realizando extracciones acá en el Santa Bárbara, cosa que nosotros no nos habíamos ni enterado. A esto se suma la intención de instalar una planta de procesamiento de minerales en el barrio Agua Negra, una zona cercana a una población” comenta Victor Martinez.
Estos relatos de la comisión, evidencian un patrón reiterado de avance sobre los territorios sin mecanismos efectivos de participación e información. Frente a esta ausencia de respuestas institucionales, la comunidad comenzó a reunirse, intercambiar información y construir espacios colectivos para comprender el alcance del proyecto y sus posibles impactos.
La resistencia fue consolidándose a partir de una preocupación central: el cuidado del agua. “La lucha principal es por el agua”, expresaron Vanesa y Victor, en una región donde el acceso a este recurso ya es limitado y fundamental para la vida cotidiana, la producción agrícola y la reproducción comunitaria. El temor a la contaminación y al uso intensivo del agua que demandaría la actividad minera se volvió un eje común de organización, vinculado directamente con la defensa del territorio y de las condiciones de vida presentes y futuras.
Empezaron a organizarse a partir de una alerta comunitaria y de manera autoconvocada, cuando comprendieron que lo que estaba en juego no afectaba solo a productores sino a toda la población de Palma Sola. A partir del primer encuentro que realizó el consorcio, vecinas y vecinos comenzaron a convocarse por sus propios medios, principalmente a través del boca en boca y mensajes de WhatsApp. En ese espacio entendieron que la desinformación era una estrategia que los fragmentaba y que, frente a eso, la única forma de defensa posible era la organización colectiva. Así se conformó la Comisión para la protección del medio ambiente en la ciudad de Palma Sola, integrada por personas de distintos barrios y trayectorias, con un objetivo claro: buscar información, exigirla formalmente a las autoridades y socializarla en la comunidad. Comenzaron a presentar notas, solicitar audiencias, relevar documentación y recorrer casa por casa para explicar qué implicaba el proyecto minero, garantizando que cada firma se hiciera con información clara y consentimiento real. En ese proceso, la organización fue creciendo y fortaleciéndose. Cada integrante aportó desde su lugar —salud, contabilidad, trabajo comunitario, producción— y lograron frenar la instalación de la planta de lixiviación en el barrio Agua Negra. Lejos de disolverse, esa experiencia consolidó una forma de participación activa que hoy continúa, frente a un escenario más amplio de avance minero.
Cabe destacar que este conflicto se inscribe en una historia previa de resistencias territoriales que han ido construyendo una “alianza territorial-legal” sostenida, como señala la abogada M.J. Castillo, integrante del equipo jurídico que acompaña el caso, que la resistencia de la comunidad no empieza ahora “existieron varias victorias legales que hacen el marco de la resistencia de hoy”, estos antecedentes judiciales significativos que conforman un marco de protección construido colectivamente a lo largo de los años. Entre ellos se destaca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso Agustín Pío Mamani, que logró frenar desmontes ilegales en la zona y sentó un precedente clave en la defensa del bosque nativo, la producción ganadera y la vida campesina frente al avance del modelo extractivo y el uso de agrotóxicos.
Aquella lucha, protagonizada principalmente por el sector ganadero, encuentra hoy continuidad en la resistencia de productores agrícolas, familias campesinas y vecinas y vecinos afectados por el uso intensivo del agua y el riesgo de contaminación que implica el proyecto minero. En palabras de la propia abogada, se trata de una experiencia acumulativa: “Palma Sola tiene una historia de lucha y una convicción clara del pueblo”, donde cada antecedente fortalece la capacidad colectiva de defender el derecho a existir en el territorio.
En el caso específico del proyecto Martín Bronce, se repiten patrones ya conocidos: inexistencia de audiencias públicas obligatorias, ausencia de instancias de participación comunitaria, falta de información accesible y localizada, y omisión deliberada del hecho de que se trata de una zona de bosque nativo. Asimismo, se denunciaron graves falencias en el acceso a la información ambiental: la comunidad de Palma Sola no recibieron información traducida ni adaptada a un lenguaje claro y comprensible sobre los impactos del proyecto, lo que refuerza la vulneración del derecho a la CPLI y del derecho a la participación efectiva.
A estos hechos se suma un antecedente clave en términos normativos: en 2021 se logró la sanción de una ordenanza municipal que reconocía un área campesina a partir de un relevamiento socioterritorial y productivo que abarcó más de 23.000 hectáreas y a más de 100 familias campesinas. Sin embargo, dicha ordenanza fue derogada en 2022 tras una fuerte embestida política y mediática. Como recordó Castillo, “nos amenazaron con denuncias penales por haber reconocido a quienes habitan, producen y cuidan el monte y la Madre Tierra en Palma Sola”, lo que evidenció el nivel de presión ejercido para desarticular los procesos de reconocimiento territorial.
Lejos de significar una derrota, estos antecedentes fortalecieron la organización comunitaria. “Las luchas son reales, están situadas en los territorios y se construyen con memoria”, afirmó la abogada, subrayando la importancia de narrar estas experiencias como parte de una historia colectiva. En ese sentido, destacó que, aunque los procesos judiciales son lentos, “ganarles tiempo a ellos es ganar la existencia de las familias”.
El caso de Palma Sola vuelve a poner en evidencia que la transición energética, cuando se implementa sin enfoque de derechos humanos, reproduce viejas lógicas de despojo y exclusión. La defensa del agua, del territorio y de la participación comunitaria no constituye un obstáculo al desarrollo, sino una condición indispensable para una democracia sustantiva y una justicia socioambiental real.
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