Lo que demandamos es que el Estado provincial adopte una serie de medidas urgentes: un programa interministerial integral de atención a la salud mental de NNA en DCI, formación especializada para el personal que trabaja en los DCI en la materia, un protocolo de crisis específico en salud mental para NNA en CDI, dispositivos adecuados para casos que requieren internación, y la creación de una mesa de trabajo permanente. El amparo advierte la falta de respuestas coordinadas frente a adolescentes que transitan padecimientos de salud mental dentro de instituciones que no están diseñadas, ni adecuadas para ese acompañamiento.

La acción se apoya en información documentada a lo largo de años. ANDHES trabajó en distintos DCI registrando preocupaciones, escuchando a las jóvenes, analizando circuitos institucionales, promoviendo talleres, realizando pedidos de información pública y articulando con organismos locales y nacionales. Las dificultades que se han manifestado tuvieron que ver con el acceso a la atención en salud mental, ausencia de protocolos, personal sin formación específica, superposición u omisión no resuelta entre diferentes áreas y situaciones críticas que derivaron en hechos graves ampliamente difundidos en medios provinciales.

El proceso colectivo iniciado, avanzó con la publicación de edictos judiciales, comunicando públicamente su existencia y habilitando la posibilidad de que otros actores se sumen al proceso. Esto motivó la participación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, que a su turno viene señalando las falencias en el abordaje de la salud mental de adolescentes en dispositivos institucionales en la provincia.

En paralelo, el proceso contó con el apoyo fundamental del Colegio de Psicólogos de Tucumán y el Centro de Estudios y Acciones en Salud Mental y Derechos Humanos (CEA) que aportan perspectiva técnica y detallada y respaldaron la necesidad de una transformación estructural del sistema. 

En el marco de la acción solicitamos también que se pida al Ministerio Pupilar y de la Defensa que acompañe los informes detallados elaborados en sus visitas a los DCI, en los que constan observaciones sobre la situación de salud mental, prácticas institucionales y pedidos de información ya cursados a los Ministerios de Desarrollo Social y Salud. Esta prueba informativa es central porque incorpora evidencia estatal y permite unificar en el expediente insumos de organismos con competencias directas en el seguimiento de niñeces y adolescencias institucionalizadas.

La exigibilidad es parte del cuidado. La acción colectiva, basada en pruebas aportadas por distintas instituciones, es la vía para exigir políticas públicas coordinadas, inversión sostenida en niñez y un posicionamiento de la salud mental niñeces y adolescencias institucionalizadas como prioridad en la agenda estatal.