I. La urgencia revelada

El informe que presentamos, fruto de más de 15 meses de trabajo territorial, constituye una apuesta por producir datos (cualitativos y cuantitativos) sobre una deuda histórica del Estado provincial con las niñas, niños y adolescentes (NNyA) con discapacidades mentales e intelectuales. La tesis es clara: el acceso a la salud integral de esta población está limitado de manera significativa, reiterada y sistemática, especialmente para quienes residen alejados de la capital provincial y carecen de recursos económicos.

La concentración de atenciones en la Región Sanitaria Centro, el predominio del “retraso mental” como diagnóstico (códigos F70-F79 según Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10) y la altísima proporción de Certificado Únicos de Discapacidad por deficiencias intelectuales o mentales (casi el 78 % en 2023-2024), confirman una realidad ineludible: existe una población vulnerable que requiere acceso a derechos fundamentales como la salud integral, para la cual ni siquiera están garantizados los medios administrativos que le permitan iniciar esta demanda al estado. El mero acceso a la gestión de un Certificado Único de Discapacidad constituye un obstáculo para gran parte de la población en el territorio salteño y en muchos casos, su obtención tampoco es garante de accesibilidad al derecho a la salud integral. Sin embargo, la estructura actual resulta ineficiente al momento de dar respuestas y garantizar el acceso efectivo al goce pleno de un derechos.

II. Las principales barreras identificadas

Escasez y/o rotación continua de profesionales: una deuda territorial

Se advierte que en el interior de la provincia, la falta de especialidades claves para diagnóstico y tratamiento (tales como: neurología infantil, fonoaudiología, psicopedagogía, entre otras) y de herramientas de evaluación psicodiagnósticas validadas, constituyen un problema estructural. Como consecuencia, la mayoría de los casos deben ser derivados al Hospital Materno Infantil de la capital, lo que implica una barrera socioeconómica y territorial que deja afuera a muchas familias de zonas postergadas y de bajos recursos económicos.  En algunas zonas, la situación es tan crítica que una sola psicóloga debe atender cerca de 20.000 personas.

En la práctica, acceder a salud especializada sigue siendo un privilegio determinado por el lugar donde se vive, y no un derecho plenamente garantizado.

La burocracia como desgaste sistemático

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es la puerta de acceso a prestaciones esenciales, pero su proceso de obtención continúa siendo confuso y poco accesible. Las demoras de hasta dos meses para obtener un turno con neurología infantil y los frecuentes rechazos de informes por parte de las Juntas de Discapacidad configuran un circuito burocrático que impide a muchas familias acceder al CUD con la celeridad que necesitan.

A ello se suma la espera de hasta un año para la resolución de las Pensiones No Contributivas (PNC), un retraso agravado por auditorías y recortes a nivel nacional, que deja sin sostén económico a quienes dependen de estas prestaciones para sobrevivir.

El déficit del sistema de apoyos

Las escuelas, que hoy funcionan como la principal vía de derivación para la obtención del CUD, señalan que el certificado se utiliza para acceder a apoyos educativos básicos. En muchos casos, la permanencia escolar depende directamente de la presencia de una maestra de apoyo.

A su vez, los programas de cobertura -como INCLUIR Salud- son evaluados por profesionales y usuarios como “malos o regulares”. Esta situación se profundiza con los recortes en medicamentos y la falta de prestaciones esenciales, como transporte y acompañamiento terapéutico, lo que dificulta aún más el acceso a los apoyos elementales para garantizar autonomía y calidad de vida a las personas con discapacidad.

III. Un contexto de desigualdad estructural que potencia la crisis

En Salta, la proporción de la población infanto-juvenil subraya la centralidad de las políticas destinadas a esta franja etaria en un contexto de fuerte desigualdad territorial, donde el Índice de Dependencia Potencial evidencia profundas brechas entre departamentos como Rivadavia, con los niveles más altos de población dependiente, y Capital o La Caldera, donde estos valores son considerablemente menores, condicionando así la disponibilidad de recursos y el acceso a servicios esenciales, incluida la salud. Este panorama se complejiza por una diversidad étnica significativa: casi el 10% de la población provincial se reconoce indígena o descendiente de pueblos originarios y más de 53.000 son niños, niñas y adolescentes, lo que plantea desafíos adicionales asociados a barreras culturales, lingüísticas y territoriales en el acceso a derechos. 

A ello se suma un contexto socioeconómico crítico, ya que entre 2024 y 2025 la pobreza en la provincia se mantuvo muy por encima de la media nacional. A su vez, la pobreza en niñas, niños y adolescentes constituye un fenómeno estructural en todo el territorio nacional manteniéndose de forma persistente entre 1,5 y 2 veces por encima de la pobreza adulta incluso en etapas de recuperación económica. La primera infancia presenta niveles de vulnerabilidad multidimensional que, aunque basados en datos del Censo 2010, siguen describiendo patrones vigentes: en Salta, el 34,9% de los niños y niñas de 0 a 5 años vive en hogares con al menos un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas, el 11,6% está en alto riesgo de inseguridad alimentaria, casi el 10% no cuenta con agua segura y un 25% vive en condiciones de hacinamiento. Estas expresiones de desigualdad alcanzan niveles extremos en departamentos como Rivadavia en relación a los registrados en Salta Capital, aunque incluso dentro de la propia capital las brechas persisten, con barrios periurbanos que presentan condiciones significativamente más deficitarias que las zonas céntricas, evidenciando que la desigualdad es simultáneamente interdepartamental e intraurbana.

En este contexto, las barreras para acceder a salud mental y a certificaciones de discapacidad se magnifican.

El panorama es grave, pero también ofrece caminos de acción que el Estado provincial puede y debe asumir: identificar los problemas actuales posibilita una construcción más eficiente de Políticas Públicas destinadas a garantizar el acceso a derechos de una población vulnerada, y sirve como primer paso necesario para un abordaje eficiente. 

Algunos oportunidades posibles que recomendamos con nuestro informe son: 

• Desburocratizar el CUD

La modernización del trámite es indispensable. Digitalización con enfoque de accesibilidad, simplificación documental y reducción de tiempos de espera son prioridades impostergables.

• Incentivar la radicación profesional

La provincia necesita políticas serias para atraer especialistas al interior: incentivos salariales, infraestructura adecuada y/o planificación de visitas itinerantes de alta complejidad.

• Fortalecer la telemedicina

La implementación anunciada debe volverse urgente y real. Requiere conectividad, recursos humanos y continuidad. La telemedicina puede acercar especialidades al interior y reducir la sobrecarga de la Capital.

• Capacitar y sensibilizar

Se debe monitorear mediante una evaluación constante a municipios, escuelas y personal de salud para evitar que las barreras culturales y simbólicas vulneren derechos.

Desde ANDHES sostenemos que las desigualdades de detección, registro y acceso según edad, género y territorio constituyen vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. En un contexto nacional de recortes y desfinanciamiento, la responsabilidad del Estado provincial se duplica: proteger y garantizar.

Identificamos como necesidad el ejercicio de  estudios continuos territoriales y participativos que profundicen este informe y alimente políticas públicas eficaces que contemplen las problemáticas descriptas. El acceso a la salud mental, a los apoyos educativos y a las certificaciones no tendría que depender del código postal o de la capacidad económica de las familias.

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental e intelectual en Salta no pueden seguir esperando.

Para leer nuestro informe "Aproximaciones sobre el acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes con discapacidades mentales e intelectuales en Salta", hace click acá. 

Autores: Equipo de Andhes Salta: Sofia Rios, Juliana Martinez Lozano, Maria Belen Nieva Moreno, Laura Guadalupe Eterovic, Elisa Florencia Perez, Gustavo Ramiro Lopez.