Un balance que se inscribe en un contexto particularmente adverso para los derechos humanos en Argentina. La reconfiguración geopolítica global tiene su expresión en nuestro país con el avance de políticas regresivas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, la disolución de programas, el cierre de dispositivos de acceso a la justicia, la criminalización de la protesta social y la legitimación pública de discursos de odio y negacionistas. Un escenario de riesgo para las organizaciones defensoras de derechos humanos.

En 2025, este proceso se profundizó con decisiones estatales que impactaron de manera directa en los territorios reduciendo drásticamente la capacidad estatal de prevenir, promocionar y garantizar protección. Este vaciamiento institucional dejó a las organizaciones como uno de los pocos sostenes reales frente a situaciones críticas, reforzando su rol pero también incrementando su nivel de desgaste y debilitamiento.

A este escenario se suman medidas como el DNU 366/2025, que restringe derechos de personas migrantes en materia de salud, educación y ciudadanía, y el DNU 383/2025, que amplía las facultades de vigilancia y control de la Policía Federal, habilitando prácticas como el ciberpatrullaje sin control judicial y las requisas sin orden judicial. Estas disposiciones profundizan la persecución de la protesta y del activismo social, afectando de manera directa a quienes defienden derechos en contextos atravesados por conflictos estructurales como el extractivismo, los desalojos, la precarización de la vida y la falta de servicios básicos.

En las provincias del NOA, este clima regresivo se expresa con particular crudeza. En Jujuy, acciones contra comunidades que defienden el agua y el territorio continúan siendo sistemáticas, como lo evidencian las movilizaciones recientes en defensa del agua y el territorio. En Tucumán, prácticas de detenciones masivas y arbitrarias, hostigamiento policial y restricciones al acceso a derechos básicos profundizan la vulnerabilidad y riesgo. En Salta, la profundización de la pobreza expulsa a cada vez más personas a los márgenes del sistema. En este marco, ANDHES continúa sosteniendo una presencia territorial activa, articulando estrategias legales, comunitarias y de incidencia pública.

El ejercicio de balance realizado permitió reconstruir los distintos escenarios políticos, sociales y económicos atravesados a lo largo de estos 25 años, reconociendo que la historia de nuestra organización nunca se desarrolló en contextos favorables. Por el contrario, cada etapa implicó desafíos, retrocesos y disputas, frente a los cuales supimos redefinir desafíos, ajustar sus estrategias y reafirmar su sentido político. Pensar la trayectoria en clave histórica permitió reconocer que ANDHES siempre se constituyó en relación al contexto, y que su capacidad de sostenerse está ligada a esa lectura situada de la realidad.

Otro aspecto central que emergió del balance fue la dimensión afectiva y colectiva de la organización. Quienes hoy integran la organización, así como quienes la transitaron a lo largo de los años, evocan su experiencia desde el compromiso, la emoción y el sentido de pertenencia. ANDHES aparece así no sólo como un espacio de trabajo, sino como un lugar de militancia, formación, comunidad y construcción colectiva, donde se entrelazan lo político y lo humano.

Asimismo, se destacó el rol histórico y actual del voluntariado. Muchos de los hitos, procesos y acciones que hoy forman parte de la memoria institucional fueron posibles gracias al trabajo voluntario, sostenido por la convicción de formar parte de un proyecto colectivo. Reconocer ese aporte implica también reafirmar una ética política basada en el compromiso, la solidaridad, la reciprocidad y la defensa activa de los derechos humanos.

En un contexto regional, marcado por la crisis de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil y el avance de las derechas a nivel global, realizar este balance constituye en sí mismo una estrategia de fortalecimiento institucional. Recuperar la memoria colectiva, historizar las luchas y revisitar las estrategias permite no solo reconocer lo recorrido, sino también identificar aprendizajes, ajustar prácticas y proyectar nuevas formas de resistencia y supervivencia colectiva.

De este modo, el balance de ANDHES no se limita a una mirada retrospectiva, sino que se afirma como una herramienta política para el presente y el futuro: un ejercicio de memoria institucional que fortalece a la organización, reafirma su misión y renueva su compromiso con la defensa de los derechos humanos en tiempos de regresión democrática.