Si de algo hay claridad en este momento es que ningún fenómeno climático y sus consecuencias pueden atribuirse a una única causa. Pero si podemos reflexionar en clave de Derechos Humanos, sobre cómo se debería abordar y gestionar esta problemática.
Si de algo hay claridad en este momento es que ningún fenómeno climático y sus consecuencias pueden atribuirse a una única causa. Pero si podemos reflexionar en clave de Derechos Humanos, sobre cómo se debería abordar y gestionar esta problemática.
El desplazamiento climático por las inundaciones en La Madrid
El sur de la provincia de Tucumán fue escenario de una de las emergencias climáticas más graves de los últimos años. El desborde del río Marapa, provocado por precipitaciones acumuladas de hasta 170 milímetros, desencadenó inundaciones masivas, anegamientos y el aislamiento de numerosas localidades en los departamentos de Simoca, Leales, Graneros, La Cocha y Juan Bautista Alberdi. La localidad de La Madrid se convirtió en el epicentro del desastre. El avance del agua ocurrió durante la madrugada, inundando gran parte del pueblo, que cuenta con cerca de 6.000 habitantes. En muchas viviendas, el nivel del agua superó el metro y medio de altura.
Pero no es la primera vez que le pasa esto a La Madrid, ya en el año 2017 pasó por lo mismo. De acuerdo al informe de opinión realizado por invitación de la Secretaría de Estado de la Unidad Ejecutora Provincial del Ministerio de Economía del Gobierno de la Provincia de Tucumán, de fecha 12/06/2017, sostuvo que lo ocurrido en la llanura del sur de Tucumán, donde se encuentra La Madrid, se originó principalmente por lluvias excepcionales, especialmente en las zonas altas de las cuencas de los ríos Marapa y San Francisco. Estas precipitaciones provocaron crecidas que generaron daños tanto en la población como en la infraestructura. La forma en que se ha ocupado el territorio ha agravado el impacto, en particular, por los desmontes con fines agrícolas, el manejo inadecuado de los cauces fluviales, la falta de preparación de las áreas urbanas y de la infraestructura para afrontar estos fenómenos naturales.
Ese informe recomendaba en 2017 implementar medidas para prevenir futuras inundaciones mediante una gestión integral del sistema hídrico. Entre las acciones principales se destacan el reencauzamiento del río San Francisco hacia sus bañados naturales, la adecuación de la infraestructura existente y la mejora de los sistemas de alerta. También propone realizar estudios técnicos para planificar obras como defensas para La Madrid y ordenar el uso del suelo, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles. Finalmente, enfatiza la necesidad de coordinación entre instituciones y provincias para abordar el problema de manera conjunta y efectiva.
Sin embargo 9 años después se repite la historia, lo más dramático de esta crisis no fue solo la pérdida material, sino el desplazamiento masivo de personas de sus propios hogares, un fenómeno que los especialistas en cambio climático identifican como desplazamiento climático interno.
Más de 300 familias se instalaron sobre la Ruta Nacional 157, uno de los sectores más elevados de la zona, donde permanecieron con carpas improvisadas hechas con lonas, colchones y algunas pertenencias que lograron rescatar. Muchas personas decidieron quedarse allí por temor a robos, razón por la cual se montó un operativo especial de seguridad con presencia policial.
Al alcanzar niveles históricos el río Marapa, la situación fue igualmente grave en las localidades de Chicligasta y Sol de Mayo, en el departamento Simoca, donde el agua también avanzó sobre las viviendas alcanzando más de un metro y medio en el interior de los hogares. En total, la cantidad de evacuados en toda la provincia llegó a casi 15.000 personas.
La inundación de abril en relación a la urbanización, la infraestructura y el desmonte
Lo más alarmante del escenario climático crítico, ya lo habían advertido especialistas, y es que en lo que va de 2026 se registraron precipitaciones equivalentes a todo un año, lo que nos dejó como consecuencia suelos completamente saturados y la elevación del riesgo ante nuevas lluvias. Este comportamiento extremo de las precipitaciones, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una tendencia creciente que combina variabilidad climática con transformaciones en el uso del suelo.
Frente a una escena que ya no puede pensarse como excepcional; tal como se preveía, en Abril la provincia Tucumana otra vez fue puesta bajo alerta por los desastres que aún producen los efectos del fenómeno meteorológico de Marzo. Nuevamente se puso en evidencia un problema que, lejos de ser exclusivamente coyuntural, revela una trama compleja donde confluyen factores climáticos, decisiones urbanas y déficits estructurales sostenidos en el tiempo.
Si bien resulta ineludible reconocer el impacto del cambio climático -con lluvias más intensas y concentradas-, reducir el análisis a este factor implica omitir la vulnerabilidad construida. En este sentido las ciudades no son escenarios pasivos frente a los fenómenos naturales; por el contrario, su diseño, planificación y mantenimiento inciden directamente en la magnitud de los daños. A ello se suma el impacto de procesos como la urbanización desordenada y el desmonte, que reducen la capacidad de absorción del suelo y favorecen el escurrimiento superficial, amplificando el riesgo a que en épocas de lluvia se produzcan inundaciones. La impermeabilización del suelo urbano —a través de asfaltos, construcciones y superficies compactadas— impide la infiltración del agua y acelera su acumulación en zonas bajas.
De este modo, la ocupación de zonas inundables, la insuficiencia de obras de drenaje y la pérdida de cobertura vegetal configuran un escenario que amplifica las consecuencias de los eventos climáticos extremos. El desmonte, además de eliminar barreras naturales, altera los ciclos hidrológicos y reduce la capacidad del ambiente para regular los excesos hídricos. Tucumán arrastra desde hace décadas diagnósticos reiterados sobre sus limitaciones en materia de infraestructura hídrica y ordenamiento territorial. Sin embargo, las respuestas estatales han sido fragmentarias o insuficientes, reproduciendo una lógica reactiva más que preventiva “nos ocupamos cuando el daño está producido”. La reiteración de eventos similares, con consecuencias cada vez más graves, sugiere que el conocimiento existe, pero no se traduce en políticas sostenidas. Las observaciones y sugerencias hechas en 2017 para cuando La Madrid sufrió el primer desborde, no han sido atendidas.
En este encadenamiento de causas y efectos, el desenlace más dramático son las víctimas fatales. El reciente temporal no solo dejó daños materiales y desplazamientos forzados, sino también la muerte de tres personas, un dato que irrumpe con crudeza y obliga a desplazar el foco desde la contingencia hacia la responsabilidad estructural. Las muertes en contextos de desastres no son meramente “naturales” cuando existen condiciones previas que incrementan la exposición y reducen la capacidad de respuesta. Así, los eventos extremos funcionan como disparadores que visibilizan problemáticas estructurales preexistentes como los modelos de desarrollo, la expansión de un tipo de urbanización que no prevé las consecuencias, y la falta de infraestructura.
¿Por qué estamos frente a una problemática de derechos humanos?
Pensar estas situaciones desde una perspectiva de derechos humanos permite desnaturalizar el daño. El acceso a una vivienda adecuada, a infraestructuras seguras, a servicios básicos y a un ambiente sano forman parte de un conjunto de derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. Cuando las inundaciones afectan sistemáticamente a determinados sectores —generalmente los más vulnerables—, no se trata solo de un problema ambiental o urbanístico, sino de una manifestación de desigualdad estructural. Es en ese marco que, la falta de prevención, planificación y respuesta adecuada, pueden leerse como una vulneración de derechos, más que como una fatalidad inevitable.
El desplazamiento climático en La Madrid, y las inundaciones en el Gran San Miguel de Tucumán deben ser entendidos como una problemática de Derechos Humanos porque trasciende la idea de un desastre natural aislado y pone en evidencia fallas estructurales en la garantía de condiciones básicas para una vida digna.
En primer lugar, se vulnera el derecho a una vivienda adecuada, el cual no se limita a la existencia material de una construcción, sino que implica condiciones de habitabilidad, seguridad y estabilidad. Las inundaciones reiteradas, con niveles de agua que superan ampliamente la capacidad de resguardo de las viviendas, anulan su función esencial. Esto expone a las familias a pérdidas materiales totales y a la imposibilidad de permanecer en sus hogares, lo que configura una violación directa de este derecho.
En segundo lugar, el desplazamiento forzado por causas climáticas afecta profundamente la dignidad humana. Las familias que deben abandonar sus hogares se ven obligadas a vivir en condiciones extremadamente precarias, muchas veces a la vera de rutas o en espacios improvisados. La falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene incrementa los riesgos sanitarios, mientras que la exposición a robos y a la intemperie genera un estado constante de inseguridad. Esta situación no solo compromete la salud física, sino también el bienestar psíquico y emocional de las personas, especialmente de niños, niñas y adultos mayores, sin mencionar el recrudecimiento de las tareas de cuidado.
Asimismo, desde el enfoque de los Derechos Humanos, el Estado tiene obligaciones no solo de respuesta, sino también de prevención. El hecho de que este tipo de inundaciones ya haya ocurrido anteriormente y se repita con igual o mayor intensidad demuestra la ausencia o insuficiencia de políticas públicas efectivas, como obras de infraestructura hídrica y planificación territorial como fue sugerido después de las inundaciones de 2017. Esta omisión estatal implica un incumplimiento del deber de proteger a la población frente a riesgos previsibles.
En este marco, resulta fundamental incorporar el análisis del modelo de ocupación del territorio, caracterizado por la expansión de la urbanización no planificada y el avance del desmonte sobre áreas naturales. Estas transformaciones han modificado profundamente el equilibrio ambiental de la región, reduciendo la capacidad de absorción del suelo y alterando los sistemas de drenaje naturales. La sustitución de superficies permeables por infraestructura urbana, junto con la eliminación de cobertura vegetal, incrementa la velocidad y el volumen del escurrimiento del agua durante eventos de lluvia intensa, amplificando el riesgo de inundaciones. De este modo, las decisiones vinculadas al uso del suelo no solo tienen implicancias ambientales, sino también directas consecuencias en términos de derechos humanos, ya que determinan los niveles de exposición y vulnerabilidad de la población frente a desastres previsibles.
Por otra parte, el desplazamiento climático impacta directamente en los derechos económicos, sociales y culturales. La pérdida de cultivos, animales y fuentes de ingreso vulnera el derecho al trabajo y a la alimentación. A esto se suma la dimensión de la justicia climática. Las comunidades afectadas suelen ser sectores social y económicamente vulnerables, con menor capacidad de respuesta y recuperación. Estas poblaciones, que tienen una contribución mínima al cambio climático, soportan desproporcionadamente sus efectos. Esto revela una desigualdad estructural que profundiza la exclusión social y territorial.
En síntesis, el caso de La Madrid demuestra que cuando un Estado no adopta medidas adecuadas para prevenir, mitigar y responder a desastres previsibles, el impacto del cambio climático se traduce en violaciones concretas de Derechos Humanos. De acuerdo con los estándares internacionales, como los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos, el desplazamiento forzado en estos contextos no puede considerarse meramente accidental, sino el resultado de una falta de garantía efectiva de derechos
El desafío, entonces, no radica únicamente en adaptarse a un clima cambiante, sino en transformar las condiciones que hacen que ese cambio se traduzca en tragedia. Porque cuando el agua baja quedan al descubierto las deudas pendientes de un modelo urbano y rural que todavía no logra garantizar condiciones dignas y seguras para toda la población.
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