Las políticas del ministerio de seguridad son el calco de un modelo que no es nuevo ni tampoco muy lejano: las del neoliberalismo de Donald Trump.

No es casual la sanción de una ley inconstitucional y sin ningún tipo de sustento científico como lo es la baja de edad de punibilidad, que básicamente consiste en encerrar a determinadas niñeces y como consecuencia criminalizarlas tras la desprotección del mismo Estado.  En este contexto, hubo cambios en la ley de portación de armas de fuego, como la edad mínima que pasó de 21 a 18 años, con la verdadera intención de lograr la libre portación. Patricia Bullrich es la impulsora número uno de esta política, no sólo incitando a la violencia con dichos como ‘’quien quiera andar armado, que ande armado’’ sino también corriendo el foco de lo que es una verdadera política de seguridad eficiente y respetuosa de derechos fundamentales. 

La desprotección de las juventudes

Hay una relación con la falta de regulación estatal a la sobreexposición digital en las adolescencias siendo estos los principales lugares de encuentros entre ellos y ellas, ya que pasan entre 6 y 8 horas al día, y son un territorio donde es más fácil acceder y reproducir discursos machistas, racistas y discriminatorios que aíslan y justamente reproducen violencias que después vemos materializadas socialmente, y en consecuencia los lazos sociales de los involucrados ya están totalmente disueltos. 

Dentro del consumo de foros el que más causó relevancia y preocupación es True Crimen Community, donde adolescentes de todo el mundo interactúan para consumir detalles e información sobre crímenes que justamente funcionan como material formativo y naturalizante de delitos sumamente violentos. A través de la búsqueda de pertenencia los usuarios repiten narrativas violentas que luego son materializadas en otros ámbitos sociales, como lo son las escuelas. 

En nuestro país, el suicidio es la segunda causa de mayores muertes entre niños, niñas y adolescentes.

A pesar de los alarmantes datos, el gobierno no parece preocupado por la implementación de políticas públicas al respecto, al contrario, ha recortado dispositivos ya existentes como el presupuesto del ‘’Apoyo y Promoción de Salud Mental’’ (que tiene alcance nacional) se redujo un 91,53%, teniendo un desfinanciamiento estructural.

Mientras aumenta la preocupación ante el deterioro mental de las juventudes generado por la sobreexposición digital tenemos actores políticos promoviendo estafas digitales de inversión, las cuales niños y niñas desde los 13 años pueden acceder económicamente a estas tras una modificación que se realizó el año pasado mediante la órbita del Ministerio de Economía. El vacío legal, político y social que hay en internet y el uso de este pareciera ser parte de un plan sistemático. 

La violencia y los territorios

Las escuelas son uno de los principales territorios donde se crean espacios sociales de contención. Pero desde hace casi tres años la educación está viviendo condiciones críticas, tanto laborales como infraestructurales. Los docentes están cobrando menos de cinco veces de lo que debería corresponder, muchos aportan de sus propios bolsillos insumos faltantes. Hace unas semanas, un docente que también trabajaba de uber tras la faltante de aumentos, fue asesinado. Los agentes educativos no pueden abarcar y acompañar a las problemáticas de violencia y de cuidados que se generan en las escuelas porque justamente tras la precarización, tienen que recurrir a múltiples empleos. 

En este terrible panorama social, el pasado 30 de marzo, en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, un adolescente de 15 años realizó un tiroteo con una escopeta, que dió resultado a 9 víctimas también adolescentes: un fallecido, dos heridos gravemente y seis levemente. 

Durante abril hubo otros dos episodios de violencia: un adolescente de 17 años en Tucumán asistió con un arma de fuego, y en Río Negro un niño de 13 años amenazó de muerte a sus compañeros. Ambos casos se llevaron a cabo en escuelas y ninguno pasó a mayores, pero que no deja de llamar la atención la correlación y lo cercanos en el tiempo que tienen estos casos. 

En una misma semana de este mes, varios establecimientos del país y de nuestra provincia tuvieron amenazas de tiroteos, que, a pesar de la preocupación de la salud mental de los propios alumnos, la respuesta estatal es sólo punitivista. Nuestro gobernador Osvaldo Jaldo sacó un decreto que solo pone énfasis en la facultad de detención a los adolescentes que sean autores de las respectivas amenazas. 

Tanta violencia por parte de los adolescentes es algo que sorprende en nuestro país, pero que pareciera, no es algo nuevo, sino, algo que se importó a través de una sistematización discursiva y política. Hay que entender que las escuelas son un territorio al cual hay que cuidar como corresponde: con financiamiento y capacitación, pero que a su vez, hay que poner la mirada urgentemente en un territorio novedoso que son las redes digitales. 

El modelo estadounidense 

Estados Unidos es el país que encabeza la estadística más alta en tiroteos masivos en escuelas y espacios públicos. La violencia con armas de fuego por parte de los ciudadanos también se refleja en los múltiples magnicidios e intentos de estos, Donald Trump quien ha sufrido dos atentados, defiende y promueve la constitucionalización del derecho a la libre portación de armas y al día de hoy, a pesar de los preocupantes números y casos que derivan de esta ley, la defiende como su mayor política pública. Su política de seguridad se basa en la seguridad individual y sin hacerse cargo de que sus soluciones deberían ir más allá de la intervención policial. 

Su régimen penal juvenil es descentralizado y a la vez permite que jueces decidan si el juzgamiento de niños, niñas y adolescentes será o no por el régimen de adultos, generando una clara criminalización y un selectivo acceso a la justicia. 

A su vez, la violencia armada como tiroteos son la principal causa de muerte en niños, niñas y adolescentes y jóvenes adultos. Seguida por suicidios y las preocupantes tasas de bullying y ciberbullying, que se ha demostrado, que también su origen proviene de foros de internet que están repletos de narrativas cargadas de racismo, machismo y xenofobia. Son un claro reflejo de la vulnerabilidad en materia del derecho a salud mental que vive la población estadounidense, pero que para el aparato estatal no pareciera ser un motivo de ocupación. 

Nuestro presidente, Javier Milei, no para de avalar las decisiones políticas y discursivas del mandatario norteamericano y es clara la imitación a su modelo estatal. Donde, como explaye más arriba, la prevención e inversión en tratar las violencias (tanto físicas como discursivas) que están sufriendo las comunidades es nula. Las niñeces y adolescencias de ambos países tienen algo en común: a pesar de los pedidos de ayuda, siguen sufriendo graves violaciones a sus derechos fundamentales como a la vida y a la salud, consecuentes de un planeado abandono estatal.  

Un gobierno realmente eficiente en materia de seguridad debería invertir y prevenir en la contención de niñas, niños y adolescentes, difundir y asegurar sus derechos fundamentales y crear políticas que satisfagan sus necesidades sociales, y en caso de ser inevitable, asegurar la reparación y garantías. En cambio, estamos presenciando un modelo que sólo se hace presente como administrador de violencia y después se lava las manos sin reparar daño alguno. Llaman a la violencia aislándolos, facilitan su acceso a diversas armas, luego los criminalizan, y acto seguido, los encierran. 

Es necesario reflexionar sobre la terrible tragedia sucedida en una escuela, lugares que históricamente simbolizaron territorios de contención, cuidados y fueron creadoras de lazos sociales, y que deberíamos cuidar para que lo sigan siendo aunque todas las acciones y omisiones cada vez lo deterioren más. 

El tiroteo vivido en Santa Fé no es un hecho aislado. Mientras los medios lamentan que el adolescente no pueda acceder al nuevo régimen penal juvenil porque aún no entró en vigencia, se vale preguntar: ¿cómo pudo acceder un adolescente de 15 años a un arma de fuego de esa magnitud? ¿No tendrá algo que ver el contexto social y discursivo en que nuestras niñeces y adolescencias están creciendo?