El acceso a la justicia no comienza en los tribunales: se construye mucho antes, con condiciones materiales, institucionales y políticas que permitan ejercer y reclamar derechos. Cuando esas condiciones faltan, las respuestas suelen llegar tarde. El desmantelamiento de políticas y recursos reduce la capacidad estatal de prevenir, asistir y proteger, trasladando cada vez más la respuesta a quienes atraviesan violencias, a las redes que las acompañan y a un sistema judicial que muchas veces interviene cuando las medidas de protección ya resultaron insuficientes.

Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres (2022), elaborada por la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas y la Unión Europea, el 77% de las mujeres que sufren violencia nunca llega a denunciar. En los casos de violencia sexual, la cifra asciende al 88%. Denunciar en Argentina requiere condiciones y recursos que no están igualmente disponibles para todas las personas: información, independencia económica, patrocinio jurídico, acompañamiento y la expectativa de una respuesta estatal efectiva.

En Tucumán, el acceso a la justicia también se juega en el sistema de salud. Cuando esas garantías fallan, los canales para denunciar, investigar y reparar esas vulneraciones son insuficientes. Las barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a las interrupciones legales del embarazo (ILE), las dificultades para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del VIH y las situaciones de violencia obstétrica muestran que el reconocimiento legal de los derechos no alcanza sin políticas, recursos y respuestas institucionales efectivas.

Cuando denunciar no alcanza: violencia institucional, impunidad y disputa por el sentido de las denuncias

Incluso cuando una persona logra denunciar, la respuesta puede llegar tarde. El caso de Paola Tacacho lo evidencia: tras 22 denuncias, el Estado no adoptó medidas eficaces para protegerla y fue asesinada en 2020. En 2026, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema incorporó al Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios la sentencia que condenó a la Provincia de Tucumán y al ex juez Francisco Pisa por "falta de servicio", reconociendo el incumplimiento del deber estatal de actuar con debida diligencia.

Esa falta de respuesta también atraviesa los procesos judiciales. En el caso de Carolina Monteros, tras más de diez años de proceso, la Corte Suprema provincial absolvió a los acusados por el “beneficio de la duda”. La sentencia volvió a poner en discusión cómo las demoras judiciales, las asimetrías de poder y los estereotipos de género operan como mecanismos de impunidad y violencia institucional.

Tucumán se convirtió en uno de los escenarios centrales de articulación de sectores que, según la Red de Medios Digitales, despliegan una ‘tecnología de la impunidad’ frente a las políticas de protección contra las violencias. Esta estrategia se materializa en el Proyecto de Ley N.º 292, que busca modificar el Código Procesal de Familia de Tucumán, invisibilizar el género en la justicia, imponer barreras económicas a las medidas de protección y recuperar la retórica del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). La narrativa de las falsas denuncias opera como una herramienta política para desplazar el foco de las violencias y justificar el debilitamiento de las políticas de protección.

Mientras persisten las fallas estatales para garantizar protección, el debate público se desplaza hacia las llamadas “falsas denuncias”. Según el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, representan apenas el 0,09% de las más de 8,2 millones de causas relevadas entre 2023 y 2025. Aun así, esta narrativa impulsa proyectos como el que el Senado debatirá el 6 de agosto, promovido por la senadora Carolina Losada, para endurecer las penas por falsa denuncia y falso testimonio.

Desde el primer Ni Una Menos, en 2015, La Casa del Encuentro registra 3.424 víctimas fatales por violencia machista. Esta realidad persiste: luego de las 219 víctimas fatales registradas por la Corte Suprema en 2025, entre enero y junio de 2026 ya se contabilizan 119 víctimas letales y 195 intentos de femicidio, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

En esta provincia, las organizaciones feministas, LGBTIQ+ y las redes territoriales sostienen una tarea de resistencia y defensa de derechos: acompañan a quienes atraviesan violencias, producen información, impulsan litigios estratégicos y monitorean políticas públicas, aún en condiciones de desgaste y sobrecarga, mientras el Estado se aparta de sus obligaciones de prevención, asistencia y protección, incluso criminalizando y persiguiendo a quienes realizan ese trabajo.

Reducir el acceso a la justicia a una denuncia es reducir un derecho complejo a su última instancia. El acceso a la justicia exige un Estado que genere condiciones para ejercer derechos que, aun conquistados, siguen en disputa: en las calles, en los territorios, en el Congreso, en las instituciones y también en los tribunales. Sin prevención, presupuesto y políticas transversales con perspectiva de género, la justicia seguirá llegando tarde para quienes atraviesan el abandono institucional, cargando en sus cuerpos y territorios las marcas de esas ausencias.