El escenario regional y global confirma que los derechos conquistados nunca son definitivos. El 2026 se abre paso entre represiones ilegales presentadas como procedimientos de seguridad; el avance de iniciativas punitivistas como la baja de la edad de punibilidad; el recrudecimiento de los conflictos armados; el genocidio en Gaza, la criminalización de la protesta; el crecimiento de los femicidios; la pedagogía de la crueldad como forma de vincularnos; y la invasión a Venezuela por EEUU. Las democracias latinoamericanas parecen atravesar un proceso de fatiga que pone en discusión consensos que creíamos consolidados.

Año esperado, sí. Vamos tachando, cual tumberas, los días para salir de esta. Año temido, también. Porque la incertidumbre se profundiza, porque “nos siguen pegando abajo” y los efectos ya se sienten: en el bolsillo, en la cabeza y en el cuerpo.

Es también un año de Mundial. Tal vez volvamos a ilusionarnos. O tal vez el "opio del pueblo" termine convirtiéndose, una vez más, en la cortina perfecta para encubrir atroces vulneraciones de derechos. Lo cierto es que llegamos a esta fiesta mundialista sin demasiadas expectativas, un poco derrotadas, un poco desencantadas, esa falsa idea de que el fútbol no es apolítico y, de manos de ídolos que se estrechan con las de genocidas. 

Sin embargo, como dijo el Diego, "la pelota no se mancha". y en tiempos de autoritarismo y violencia, no vamos a dejar que se apropien, también, de la pasión en un abrazo de gol; del orgullo de unirnos en un sólo salto identitario como pueblo para desmarcarnos de los colonizadores y piratas. Nos toca lo que nos toca: “defender la alegría como una trinchera”.  

Metidas hasta las rodillas de este contexto, decidimos repensar la forma de andhes. Porque planificar nunca es una tarea técnica: es una decisión política sobre qué realidad vemos, qué problemas priorizamos y qué transformaciones creemos posibles. En otras palabras, hacemos un doble movimiento: a la vez que leemos el contexto, lo producimos o, si todo sale como lo soñamos, lo transformamos. La planificación no sólo organiza el trabajo: expresa una manera de disputar sentidos. 

En este sentido, la consigna fue elaborar una PARI (planificación anual regional integrada), para profundizar la visión regional de andhes, abordando desafíos comunes. La estrategia fue pensarnos como organización, en y desde el territorio. Problematizar la realidad, decodificarla en clave de derechos humanos. Pasamos de planificar por equipos a planificar como organización; de enumerar temas a construir problemas; de listar actividades a preguntarnos qué transformaciones queremos producir, siempre con conciencia de lo (im) posible 

La planificación como ejercicio de imaginación política. No es simplemente una agenda de actividades, sino una forma de producir realidad desde una perspectiva de derechos. 

Cinco son los núcleos problemáticos que identificamos en el NOA, desde el cristal de los derechos humanos: 

1. Retroceso de derechos y su impacto en mujeres, diversidades y grupos históricamente vulnerabilizados

La perspectiva de género no es solamente un enfoque transversal que orienta el trabajo de ANDHES; también constituye una problemática en sí misma. El diagnóstico de contexto es contundente: retroceso de derechos, desmantelamiento de políticas públicas de igualdad, el debilitamiento de programas de prevención de las violencias por motivos de género, obstáculos para el acceso efectivo a derechos sexuales y (no) reproductivos (como la interrupción voluntaria del embarazo), una creciente deslegitimación de las agendas feministas y de la diversidad y aumento de femicidios. 

¿Por qué insistir en la perspectiva de género en una crisis socioeconómica que afecta a todes? Porque la violencia de género sigue siendo una deuda estructural de nuestra democracia y porque las crisis nunca impactan de manera homogénea. La perspectiva de la interseccionalidad nos permite comprender que las desigualdades se entrecruzan y se potencian. No es lo mismo ser mujer que ser una mujer indígena, una mujer migrante, una mujer con discapacidad, una mujer privada de la libertad o una mujer en situación de pobreza. Tampoco es igual transitar este contexto siendo una persona trans o no binaria en territorios donde persisten múltiples formas de discriminación. Reconocer esos impactos diferenciados no implica fragmentar las luchas, sino visibilizar que las vulneraciones de derechos se acumulan sobre quienes históricamente han sido excluidas. En ese sentido, defender una perspectiva de género e interseccional es apostar por políticas públicas y estrategias que no dejen a nadie atrás y que comprendan que la igualdad sólo es posible cuando se atienden las desigualdades concretas que atraviesan los cuerpos y los territorios. 

En la construcción de esta problemática también hay una apuesta política. Una apuesta al movimiento feminista como fuerza de transformación social. Y una pregunta que nos interpela: ¿será que la fortaleza del feminismo reside, justamente, en su debilidad? 

Son las mujeres y las diversidades quienes, una y otra vez, sostienen los territorios. Quienes organizan las ollas populares cuando el hambre aprieta; quienes transforman el dolor en lucha y la indignación en organización; quienes salen al encuentro de otras personas, tejen redes, cuidan la vida y construyen comunidad allí donde el Estado se retira. Esas prácticas, muchas veces invisibilizadas porque ocurren en el ámbito de lo cotidiano, son profundamente políticas.

Creemos que allí también habita otra forma de construir poder, un poder que se construye colectivamente; que no se sostiene desde la lógica de la competencia, sino desde los cuidados, la solidaridad y la organización comunitaria. Apostar por una mirada feminista es, para ANDHES, apostar por esas otras formas de hacer política y de transformar la realidad.

2. Retroceso en las políticas y prácticas de seguridad y penitenciarias

La persecución, la represión y el encierro vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública. Bajo la promesa de combatir la inseguridad, avanzan políticas que amplían el poder punitivo del Estado, legitiman el uso desproporcionado de la fuerza, criminalizan la protesta social y presentan al castigo como la respuesta casi exclusiva frente a conflictos profundamente sociales. Mientras se desfinancian políticas públicas, se desmantelan programas de inclusión y se retira el Estado de sus funciones de cuidado y garantía de derechos, el aparato represivo se fortalece. No es una contradicción: es parte del mismo modelo.

Las cárceles siguen reproduciendo condiciones inhumanas de encierro, la violencia institucional continúa cobrando vidas y la persecución se dirige, una vez más, hacia los mismos de siempre: jóvenes de barrios populares, comunidades indígenas, personas migrantes, quienes viven en situación de pobreza y quienes se organizan para defender derechos. Como cantaba el Indio Solari, "si esta cárcel sigue así, todo preso es político". Porque cuando el castigo deja de ser la excepción para convertirse en una forma de gobierno, ya no estamos hablando solamente de política criminal: estamos hablando del modo en que una sociedad decide gestionar el conflicto, disciplinar la protesta y administrar la desigualdad.

3. Extractivismo y atropello de los derechos de las comunidades indígenas

Viejos conflictos adquieren nuevas formas. Los procesos de despojo territorial que históricamente atravesaron a los pueblos indígenas hoy se reconfiguran bajo el avance de proyectos extractivos que se presentan en nombre del desarrollo, el progreso o la transición energética. Sin embargo, detrás de esos discursos persisten las mismas lógicas de apropiación de los territorios, concentración de la riqueza y vulneración de derechos. La ausencia de procesos de consulta previa, libre e informada, el desconocimiento de la propiedad comunitaria y la criminalización de quienes defienden sus territorios muestran que el colonialismo no es un capítulo cerrado de nuestra historia: continúa adoptando nuevas formas.

Pero también es necesario ampliar la mirada. En un mundo atravesado por empresas transnacionales y cadenas globales de producción, ya no alcanza con señalar únicamente la responsabilidad de los Estados. Los actores económicos tienen un rol cada vez más determinante en la producción de violaciones a los derechos humanos. La experiencia de la causa La Fronterita nos recordó que las empresas no son actores neutrales: pueden ser partícipes, beneficiarias o incluso impulsoras de prácticas que afectan gravemente a comunidades enteras cuando sus intereses económicos se imponen sobre los derechos colectivos. Muchas veces, esas vulneraciones ocurren con la acción, la omisión o la complicidad del propio Estado.

Defender los derechos de los pueblos indígenas es defender otra manera de entender el territorio, la naturaleza y la vida en común. No hay democracia plena mientras continúen desconociéndose sus derechos, negándose su participación en las decisiones que afectan sus territorios y reproduciéndose un modelo de desarrollo construido sobre el despojo. 

4. Debilitamiento de los mecanismos institucionales y democráticos

A 50 años del golpe, la democracia que supimos conseguir presenta una fuerte fisura en sus instituciones. Asistimos a una “democracia fatigada”. La promesa de que "con la democracia se come, se cura y se educa" sigue siendo, para muchas personas, una deuda pendiente. Una democracia donde vuelven a discutirse derechos que creíamos conquistados, cobran fuerza discursos negacionista y hasta reivindicacionistas y las salidas autoritarias, intransigentes y punitivas se vislumbran como luces al final del túnel. 

En un inquietante giro narrativo, las nuevas derechas empiezan a asociar la democracia con el desorden, a la decadencia económica,a la burocracia, a la corrupción, a la pobreza y a la restricción de las libertades individuales. En esa narrativa, el Estado aparece como el enemigo y el mercado como el único espacio posible para el ejercicio de la libertad. Se invierten los sentidos: la democracia pasa a verse como un obstáculo y la ausencia de reglas por parte del Estado, como una expresión de libertad y progreso. Así como el liberalismo del siglo XIX instaló la polarización entre civilización y barbarie, hoy tenemos democracia o libertad. 

Este giro narrativo implica también un giro conceptual. Ya no se trata únicamente de la vieja aspiración al Estado mínimo, sino de la construcción de un Estado prácticamente nulo, atravesado por un espíritu, como dice Roberto Follari, “paleoliberal” que expresa un rechazo absoluto a lo público.

Pero si lo público es el ágora, el espacio donde nos encontramos, deliberamos y construimos lo común; si es aquello que nos convoca, nos reúne y nos constituye como comunidad, entonces la pregunta es inevitable: ¿qué nos une cuando se deslegitima lo público? ¿Qué queda del nosotres cuando todo se reduce al individuo y al mercado? ¿Cómo se construyen la democracia y los derechos colectivos cuando el único vínculo legítimo parece ser la competencia? Tal vez esa sea una de las disputas más profundas de nuestro tiempo: no sólo la defensa del Estado, sino la defensa de lo común.

Frente a ese escenario, creemos que hacer pedagogía de la memoria es también hacer pedagogía de la democracia. Recordar no es un ejercicio nostálgico: es una herramienta para comprender el presente y defender los consensos que hicieron posible una sociedad más justa.

Nuestra convicción sigue intacta: a los problemas de la democracia se los resuelve con más democracia, con más participación, más derechos y más organización colectiva. Porque, aun en tiempos de incertidumbre y desencanto, seguimos creyendo en la democracia como quien cuida un “fuego sagrado”: no porque ignoremos sus límites, sino porque sabemos que sigue siendo el horizonte desde el cual ampliar derechos, disputar poder y construir una sociedad más igualitaria. 

5. Crisis de la sostenibilidad financiera e institucional de las OSC en general 

No estamos asistiendo únicamente a una crisis económica o a una falta de financiamiento. Estamos frente a un cambio de paradigma. No es simplemente un "no hay plata"; es que los recursos están cambiando de destino. En un mundo atravesado por guerras, conflictos geopolíticos y el avance de proyectos autoritarios, buena parte del financiamiento internacional comienza a orientarse hacia otras “prioridades”. Atención: no podemos comernos el amague de las “prioridades”, ni el de la racionalizacion de los recursos. “Los presupuestos no son planillas de cálculo: son mapas de decisiones políticas."  

Al mismo tiempo, asistimos a un creciente hostigamiento hacia defensores de Derechos Humanos. Las organizaciones sociales, ambientales, feministas y de derechos humanos ya no sólo enfrentan dificultades para sostener su trabajo: también son objeto de campañas de desprestigio, persecución y deslegitimación. Defender derechos dejó de ser únicamente una tarea compleja para convertirse, muchas veces, en una actividad bajo sospecha.

A diferencia del neoliberalismo de los años noventa, cuando el Estado se retiraba y muchas organizaciones sociales ocupaban parte de ese vacío, hoy el retroceso alcanza a ambos. Se debilita el Estado, pero también se debilitan las organizaciones que históricamente construyeron comunidad, ampliaron derechos y sostuvieron los territorios. Lo que queda no es una sociedad más libre, sino una sociedad más fragmentada, donde el mercado ocupa cada vez más espacio y lo común pierde fuerza.

Quizás por eso vuelve a resonar con tanta actualidad la advertencia de Gramsci: "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos." ¿Qué hacemos en ese claroscuro? ¿ cómo habitamos el claroscuro? 

Preferimos pensar que “ninguna ofensiva se despliega contra aquella que resulta irrelevante”. En términos del cliché quijoteano (que sabemos nunca lo dijo pero se lo atribuimos) “ladran sancho, señal que cabalgamos”. Los ataques, también son la evidencia de que el movimiento de derechos humanos continúa siendo una fuerza con capacidad de incidencia, de disputar sentidos, de incomodar y de producir transformaciones concretas. Nuestro desafío es impedir que ese claroscuro se convierta en destino. Defender a las organizaciones sociales, fortalecer las redes y seguir construyendo comunidad es, también, una forma de disputar el mundo que viene.

Tal vez, todo esto sea, un “manotazo de ahogado del capitalismo sangriento” o un dejavú de la matrix.

Que el árbol no tape el bosque. 

Los problemas se entienden de forma integrada, son expresiones de un mismo proyecto político basado en el debilitamiento del Estado de derecho, la mercantilización de la vida y la ruptura de los lazos sociales. 

Las distopías no sólo buscan convencernos de que los derechos son un exceso. También intentan instalar la idea de que no hay alternativas posibles.

Frente a ese escenario, planificar se convierte en un ejercicio de imaginación política.

Como sostiene Rita Segato, la imaginación implica romper las convenciones desde las cuales pensamos la realidad. Supone ampliar los límites de lo posible y reconocer que las transformaciones no nacen únicamente desde el Estado, sino también desde las organizaciones, los movimientos sociales y los territorios.

Tal vez la distopía no sea el fin de la historia. Tal vez sea apenas el tiempo que nos toca atravesar. La utopía, entonces, no es un lugar al que se llega: es la decisión de seguir caminando cuando todo parece empujar en sentido contrario.

Por eso planificar también es imaginar. Imaginar otros vínculos, otras formas de construir poder, otras maneras de habitar lo común. Porque cuando la realidad pretende clausurar el futuro, la imaginación política deja de ser un lujo para convertirse en el ejercicio del derecho a la resistencia y a la indignación. Y quizás allí, en esa obstinación por seguir imaginando, empiece a nacer el mundo que todavía no existe, pero que soñamos.