Hoy, 28 de Mayo, se conmemora el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres. Reflexionar sobre la importancia de esta fecha implica repensar cómo las condiciones de género atraviesan —aún hoy, y sobre todo hoy— el acceso a un derecho tan básico y fundamental como la salud.

En el mismo mes en el que el Gobierno Nacional celebró el cierre de 13 programas sociales destinados a mujeres y LGBTINB+, e instaló en el debate público una supuesta preocupación por la baja natalidad; estos hechos no son aislados. Forman parte de un panorama más amplio: el avance del desfinanciamiento de políticas públicas en salud y cuidados.

Entonces, ¿es posible hablar de salud integral sin hablar de acceso, de cuidados, de pobreza, de derechos? ¿Qué pasa cuando se omiten las condiciones materiales para los cuidados y las violencias que afectan nuestra salud? ¿Por qué el Gobierno elige hablar de “baja natalidad” sin hablar de pobreza, precarización y hambre? Esta nota invita a problematizar los sentidos impuestos y a pensar la salud como un derecho humano, atravesado por la historia, el género y las desigualdades estructurales.

Entre conquistas y resistencias: la salud como campo de disputa 

En tiempos en los que desde el Estado emergen con fuerza discursos que intentan —y muchas veces logran— imponer una concepción de la salud liberal, como una mercancía; algo meramente privado, entendido únicamente como la ausencia de enfermedad y como una responsabilidad estrictamente individual, se vuelve urgente y necesario hablar desde una perspectiva integral para abordar la salud de las mujeres y LGBTINB+.

Desde el discurso de la libertad individual, lo político se reduce a lo privado, en un proceso de privatización que niega e invisibiliza los lazos que vinculan la salud con el entramado histórico, social, cultural y comunitario. Esta lógica no solo quita responsabilidad al Estado, sino que desplaza una carga de significaciones sobre las mujeres y las identidades disidentes, culpabilizándolas individualmente por sus elecciones y condiciones de vida. Lo discursivo vuelve posible que acciones orientadas a profundizar el desmantelamiento de programas y políticas públicas de salud y género, ocurran.  

Pensamos la salud integral de las mujeres y disidencias como un proceso atravesado por dimensiones históricas, socioeconómicas, culturales, biológicas y psicológicas. Su construcción no depende únicamente del ámbito individual, sino que requiere de dinámicas colectivas y sociales, estrechamente vinculadas al acceso pleno de derechos básicos.

¿Cómo define la OMS el concepto de salud?

En Argentina contamos con un amplio marco normativo que supimos conquistar desde la lucha feminista y LGBTINB+, a través de la organización colectiva. Estas leyes, de distintas formas, reconocen el derecho a una salud integral, entendida desde una perspectiva amplia e inclusiva. Entre ellas se destacan la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (aunque Tucumán continue sin adherirse), la Ley de Salud Mental, la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Parto Humanizado, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Educación Sexual Integral, y la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, por nombrar algunas.

El desmantelamiento del cuidado: cuando el Estado desfinancia, la carga recae sobre las mujeres y las identidades feminizadas

En los últimos días comenzó a instalarse el discurso lineal y reduccionista que responsabiliza a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por el descenso en la natalidad que atraviesa el país. Una narrativa que no solo busca desconocer la complejidad del fenómeno, sino que responsabiliza a las personas con capacidad de gestar por la baja natalidad y reduce la concepción de salud al plano exclusivamente reproductivo. Resulta fundamental desmontar esta narrativa unicausal y sesgada que se instala desde el estado que, una vez más busca atacar nuestros cuerpos y derechos. 

Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación, la natalidad viene descendiendo desde el año 2014, mientras que la ley IVE se aprobó en el año 2020, lo cual vuelve este argumento infundado. Recordemos también que este descenso está asociado con el acceso a derechos de adolescentes y jóvenes como la disminución de la tasa de fecundidad en adolescentes tempranas y tardías, los nacimientos se redujeron un 64% desde 2005, la implementación de la ESI, asesorías sexuales y reproductivas en las escuelas, el acceso a métodos anticonceptivos y la prevención de embarazos forzados; logros y pilares del plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), de eficacia comprobada y alcance en múltiples territorios; el cual se desfinanció y finalmente desmanteló en el año 2024.

En este sentido, hablar de la baja en la natalidad requiere reconocer urgentemente la profunda crisis de las políticas de salud integral y cuidado que atraviesan las mujeres y las disidencias, adultas, adolescentes y jóvenes. La mayoría de las tareas necesarias para sostener la vida —alimentar, acompañar, sanar, proteger— son realizadas históricamente por mujeres e identidades feminizadas. Tareas invisibilizadas, no remuneradas o precarizadas, que hoy se intensifican por el retiro de los programas y políticas del Estado.

Según un informe del CELS - ya hacia fines de 2024- de 49 políticas de cuidados que fueron relevadas en Argentina, solo 7 continúan vigentes. Esto implica un desmantelamiento del 86% del entramado institucional que sostenía mínimamente el derecho al cuidado, provocando una sobrecarga directa en los hogares, y en quienes los sostienen.

Cuando el Estado se aparta, las familias se endeudan, se enferman y se sobrecargan: 

• El 65% de las familias redujo su alimentación en el último año.

• El 67% de hogares con niños/as tiene más dificultad para acceder a espacios de cuidado, por ejemplo jardines.

• El 76% de familias con personas mayores percibe más gastos en medicamentos y menos ingresos para cuidados pagos.

• El 85% de familias con personas con discapacidad sufrió el aumento de medicamentos y el 64% tiene menos acceso a terapias.

Estos datos elaborados a nivel nacional ofrecen una radiografía de la desigualdad. Aunque no se dispone de registros específicos del NOA —una de las regiones más postergadas del país—, es probable que la situación aquí sea aún más crítica.

En todos los casos, la mayoría de las familias cuenta con menos tiempo disponible para cuidar, y son las mujeres y las identidades feminizadas quienes absorben esa carga: 6 de cada 10 mujeres incrementaron su tiempo de cuidado, frente a 3 de cada 10 varones. Además, según INDEC, en Abril  de este año la canasta de crianza para un niñx de entre 6 y 12 años ya supera los $500.000 mensuales.

Hablemos de natalidad, pero no sin antes hablar de pobreza, de desempleo y de hambre. Porque esas son las tasas que realmente condicionan nuestras vidas. Mientras el gobierno nacional declara “preocuparse" por el descenso de nacimientos, desmantela las infraestructuras de cuidado (jardines, centros de día, etc.), recorta medicamentos, precariza el trabajo y restringe el derecho a huelga en sectores clave como salud y educación. Consolida así una lógica donde el equilibrio fiscal se impone por sobre el acceso a nuestros derechos sociales. Esta perspectiva afecta de forma directa a quienes menos tienen, especialmente a quienes cuidan y necesitan ser cuidadas. 

Revisar la baja natalidad implica, ante todo, que el Estado garantice condiciones materiales dignas para quienes sostienen la vida e implementar políticas públicas que la hagan posible.

Desde el año 2020 que en Argentina es legal la Interrupción del embarazo, sin embargo, se paralizó la distribución de misoprostol y mifepristona durante el año 2024 (medicamentos para llevar a cabo la IVE e ILE). La problemática de los insumos también está acompañada por la falta de profesionales no objetores de conciencia en muchos centros de salud del NOA, donde acceder a un turno para realizarse una interrupción del embarazo es un proceso que puede tardar semanas hasta llegar a la consulta profesional. El gobierno de la provincia de Tucumán, en sintonía con el nacional, profundiza el desfinanciamiento de políticas públicas esenciales, consolidando un proceso que pone en riesgo derechos fundamentales y evidencia una preocupante complicidad en el vaciamiento del Estado.

Durante el año 2024 cayó un 64% la distribución de preservativos y anticonceptivos en comparación con el año 2023 y solo se distribuyó el 9,1 % de los preservativos esperados. Estos datos tuvieron un impacto directo en nuestra salud, ya que según el Boletín en respuesta al VIH y las ITS publicado en diciembre, el 30% de los nuevos diagnósticos de VIH en 2024 correspondieron a mujeres cisgénero, mientras que el 55,4% de los casos de sífilis afectaron a mujeres. Estos datos reflejan la preocupante realidad que atravesamos por la falta de acceso a anticonceptivos de barrera en los CAPS, hospitales u obras sociales a nivel nacional. La falta de políticas públicas con respecto a la salud dejan a las mujeres y disidencias expuestas y vulnerables a contraer enfermedades infecto contagiosas. 

El acceso a los tratamientos de hormonización también fue atacado mediante su desfinanciamiento. Y en febrero de este año, el Gobierno buscó avanzar de manera inconstitucional contra la Ley de Identidad de Género (Ley N.º 26.743) mediante un decreto que busca impedir el acceso a tratamientos hormonales para adolescentes de 16 a 18 años. Asimismo, las personas trans fueron despedidas del Estado en un porcentaje superior al del resto de trabajadores estatales. A esto se suma la eliminación del apoyo económico brindado a través del Programa de Fortalecimiento de Acceso a Derechos de las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

Porque no hay salud posible sin justicia social

Diversificar el debate no es un capricho, es una necesidad urgente frente a los intentos de reducir la salud a lo biológico, lo individual o lo reproductivo. En un contexto de ajuste brutal, donde se desfinancia el cuidado y se criminaliza el derecho a decidir sobre nuestras identidades y cuerpos, señalar las raíces estructurales del malestar no es una exageración, es un acto de honestidad política.

Nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras subjetividades como mujeres y LGBTINB+ están profundamente entrelazadas con la sociedad que habitamos y con las injusticias que enfrentamos históricamente. 

De esta manera, desde ANDHES insistimos: la salud integral es un derecho, no un privilegio. Por eso, hablar de estas problemáticas y de la urgencia de garantizar políticas públicas que sostengan la vida, no es un anexo: es el punto de partida indispensable para cualquier conversación justa sobre salud y dignidad. Y eso, no se negocia.

Colaboradora de redacción: Sofía Iglesias - Voluntaria de Género oficina Tucumán, Feminista y Estudiante de Medicina.