Hace tres años vivimos uno de los acontecimientos más significativos de la historia reciente de Jujuy. En la provincia se consolidaba una nueva matriz productiva a través de una reforma constitucional que poco tenía que ver con el supuesto “progreso” prometido a los pueblos indígenas. Es que nada bueno podía surgir de decisiones tomadas de manera unilateral, sin consenso social y, mucho menos, sin respetar el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, en la provincia con mayor porcentaje de población indígena de Argentina.

Jujuy se presenta al mundo como un destino turístico que celebra a sus comunidades originarias. Los spots publicitarios exhiben imágenes de rostros indígenas, ceremonias ancestrales y expresiones culturales, sumadas a narrativas institucionales que refuerzan la idea de una provincia inclusiva y respetuosa de los pueblos indígenas. Sin embargo, ¿cómo conciliamos esa imagen con las realidades que vivimos en los territorios? ¿Cómo justificamos el supuesto progreso cuando nuestra hacienda se queda sin pasto ni agua? ¿Cómo les explicamos a nuestros hijos e hijas que en invierno podría faltar el agua que sostiene la vida? ¿Dónde está esa transición energética justa de la que tanto se habla, si en nuestros territorios no vemos justicia ni reparación?

Han pasado tres años del Jujeñazo y, en ese marco, del Tercer Malón de la Paz. Sin embargo, las preguntas, denuncias y cuestionamientos al orden político y económico que impulsó la reforma constitucional siguen plenamente vigentes. Hoy, cerca del 70 % de la provincia se encuentra bajo distintas formas de cateo y exploración minera. En la Puna avanza la extracción de litio, cobre, oro, plata y, más recientemente, de tierras raras. Mientras gobiernos y empresas presentan estos minerales como recursos estratégicos para la transición energética global, continúan ignorando las advertencias de las comunidades sobre los impactos acumulativos de estas actividades, especialmente sobre el agua, los salares y las formas de vida que sostienen los territorios andinos.

El Tercer Malón puso en evidencia una tensión que atraviesa gran parte de Abya Yala: la transición energética no es necesariamente justa por el solo hecho de producir tecnologías consideradas más limpias. Cuando la demanda global de minerales críticos se traduce en despojo territorial, concentración de beneficios y vulneración de derechos, la llamada transición verde corre el riesgo de reproducir viejas lógicas extractivistas bajo nuevos discursos. Entonces, ¿para quién es justa la transición? ¿Puede llamarse justa cuando quienes habitamos y cuidamos los territorios asumimos los costos ambientales, sociales y culturales, mientras los beneficios se concentran en los centros globales de poder económico y político? Tres años después del Jujeñazo, esa pregunta sigue esperando una respuesta.

Para profundizar en estas reflexiones, te invitamos a ver el cortometraje Guardianes de la Naturaleza, una producción que recupera las voces de quienes habitan y defienden los territorios frente al avance del extractivismo, poniendo en el centro el derecho al agua, la vida comunitaria y la protección de los bienes comunes.

• Fotografia de portada de la nota: Lina Etchesuri/lavaca.org