En un contexto donde la transición energética se presenta como una solución global, surge una pregunta ineludible: ¿puede ser justa una transición construida sobre el despojo y la desigualdad?
En un contexto donde la transición energética se presenta como una solución global, surge una pregunta ineludible: ¿puede ser justa una transición construida sobre el despojo y la desigualdad?
Hace tres años vivimos uno de los acontecimientos más significativos de la historia reciente de Jujuy. En la provincia se consolidaba una nueva matriz productiva a través de una reforma constitucional que poco tenía que ver con el supuesto “progreso” prometido al pueblo jujeño. Es que nada bueno podía surgir de decisiones tomadas de manera unilateral, sin consenso social y, mucho menos, sin respetar el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, en la provincia con mayor porcentaje de población indígena de Argentina.
Jujuy se presenta al mundo como un destino turístico orgulloso de sus raíces y de sus comunidades originarias. Los spots publicitarios exhiben imágenes de rostros indígenas, ceremonias ancestrales y expresiones culturales, sumadas a narrativas institucionales que refuerzan la idea de una provincia inclusiva y respetuosa de sus pobladores amerindios. Sin embargo, ¿cómo conciliamos esa imagen con las realidades que vivimos en los territorios? ¿Cómo justificamos el supuesto progreso cuando nuestras familias y haciendas se quedan sin agua ni pasturas? ¿Cómo les explicamos a nuestros hijos e hijas que en invierno podría faltar el agua que sostiene la vida? ¿Dónde está esa transición energética justa de la que tanto se habla, si en la historia de nuestros territorios jamás hemos tenido justicia alguna ni reparación histórica real?
Han pasado tres años del Jujeñazo y, en ese marco, del Tercer Malón de la Paz. Sin embargo, las preguntas, denuncias y cuestionamientos al orden político-económico que impulsó la reforma constitucional siguen en aumento y están más vigentes que nunca. Hoy, cerca del 70 % de la provincia de Jujuy se encuentra bajo distintas formas de pedimentos para cateo y exploración minera, sin consulta ni participación indígena efectivizadas por la aplicación del Decreto minero Nro.7751/23 que salvaguarda los intereses de las empresas por sobre las poblaciones locales. En la Puna avanza la extracción de litio, cobre, oro, plata, zinc y, más recientemente, de tierras raras. Mientras gobiernos y empresas presentan estos minerales como recursos estratégicos para la transición energética global, continúan ignorando las denuncias públicas de las comunidades que advierten sobre los impactos negativos/acumulativos de estas actividades, especialmente sobre el agua, los salares y las formas de vida que sostienen los territorios andinos.
El Tercer Malón puso en evidencia -nuevamente- una tensión geopolítica que viene atravesando gran parte de Abya Yala desde hace más de cinco siglos: hasta cuándo seguiremos siendo las colonias de saqueo de riquezas, minerales y materias primas?
La transición energética no es necesariamente justa por el solo hecho de producir tecnologías consideradas más “limpias”. Cuando la demanda global de minerales críticos se traduce en despojo territorial, concentración de beneficios y vulneración de derechos, la llamada transición verde termina reproduciendo viejas lógicas extractivistas neocoloniales bajo nuevos discursos engañosos. Entonces ¿para quién es justa esta transición? ¿Puede llamarse justa cuando quienes habitamos y cuidamos los territorios asumimos históricamente los costos ambientales, sociales y culturales, mientras los beneficios se siguen concentrando en los centros globales de poder económico y político? Tres años después del Jujeñazo, estas preguntas no sólo son clamores por respuestas: son gritos que exigen justicia.
Para profundizar en estas reflexiones, te invitamos a ver el cortometraje Guardianes de la Naturaleza, una producción que recupera las voces de quienes habitan y defienden los territorios frente al avance del extractivismo, poniendo en el centro el derecho al agua, la vida comunitaria y la protección de los bienes comunes.
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