Más allá de las fronteras, comparten una misma preocupación y una misma defensa: garantizar el derecho a decidir sobre sus territorios, sus formas de vida y su futuro.

Del 4 al 6 de septiembre se realizó el tercer y último encuentro regional de comunidades indígenas afectadas por la industria extractiva del litio. La actividad cerró un proceso de investigación sobre el impacto en los derechos humanos a través de la metodología COBHRA desarrollado en Argentina, Chile y Bolivia, a partir de entrevistas, análisis de marcos normativos provinciales, nacionales e internacionales y del estudio de casos representativos de los distintos territorios.

El encuentro permitió ir más allá de las particularidades de cada país y reconocer un problema compartido: mientras avanza la explotación del litio y de sus derivados, persisten vulneraciones a derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Entre ellas, una de las más reiteradas es la falta de una consulta libre, previa e informada que garantice su participación efectiva en las decisiones que pueden afectar sus territorios.

Participar no es solamente ser informados

La consulta libre, previa e informada no es una concesión de los Estados ni una instancia meramente administrativa. Es un derecho de los pueblos indígenas reconocido internacionalmente.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los Estados deben consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente. Ese proceso debe garantizar una participación efectiva y respetar las instituciones y formas de organización propias de cada pueblo.

Sin embargo, una de las principales conclusiones del encuentro regional fue que este derecho no se está garantizando de manera efectiva en los territorios afectados o potencialmente afectados por la minería de litio.

Las experiencias compartidas muestran procesos que muchas veces se presentan como participativos, pero que terminan reduciendo la participación a instancias formales: reuniones únicas de tenor técnico-informativo, mecanismos que no respetan las formas organizativas propias ni los tiempos asamblearios, en citaciones a propietarios individuales o convocatorias realizadas cuando los proyectos ya están avanzados se alejan del sentido de una consulta previa y culturalmente adecuada.

Y allí aparece una diferencia fundamental: informar no es consultar, y consulta no es lo mismo que consentimiento.

Una consulta efectiva supone contar con información suficiente, conocer los posibles impactos y garantizar tiempos y condiciones que permitan a las comunidades deliberar según sus propias formas de organización antes de que se adopten decisiones capaces de transformar sus modos de vida.

Cuando el desarrollo se decide lejos de los territorios

Esta discusión tampoco puede separarse de los cambios normativos y económicos que vienen produciéndose en la región. En Argentina, por ejemplo, la Ley 27.742 creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aplicable, entre otros sectores, a proyectos mineros y destinado a generar incentivos y condiciones de estabilidad para grandes inversiones nacionales y extranjeras.

Desde las comunidades y organizaciones participantes del proceso de investigación, estas transformaciones son observadas con preocupación porque el impulso a las inversiones puede profundizar las tensiones existentes cuando no se garantiza de manera efectiva la protección de los derechos indígenas, ambientales  y territoriales.

En Jujuy, estas discusiones se relacionan además con un proceso que las comunidades vienen señalando desde hace años y que tuvo un punto especialmente conflictivo durante la Reforma parcial de la Constitución provincial de 2023. Para las comunidades, discutir minería implica también discutir agua, propiedad comunitaria y capacidad de decisión sobre los territorios que habitan.

Por eso, la pregunta sobre quién decide el modelo de desarrollo sigue siendo central. Cuando las decisiones económicas se toman lejos de los territorios, la participación de quienes los habitan corre el riesgo de convertirse en una mera pantalla de formalidad.

Una minería de agua dulce

El agua fue otro de los ejes centrales que atravesó las experiencias de los tres países.

Las comunidades de Argentina, Chile y Bolivia coinciden en describir la extracción de litio como “una minería de agua”, particularmente preocupante porque se desarrolla en ecosistemas áridos donde el equilibrio hídrico resulta fundamental para la continuidad de los ecosistemas y de las comunidades que los habitan.

Hablar del agua desde nuestros territorios implica pensarla más allá de su valor como recurso económico. Sostiene comunidades, animales, plantas, salares y cuencas, y forma parte de una extensa trama de relaciones ecosistémicas  que hace posible la vida.

Desde nuestra cosmovisión, esas relaciones no pueden pensarse de manera fragmentada. Las personas no estamos por fuera de la naturaleza: somos parte de un tejido más amplio de relaciones y de mutua dependencia que reconocemos en la Pachamama.

Por eso, la alteración de una cuenca o la disminución del agua no puede medirse solamente en términos económicos. Sus efectos alcanzan las formas de producción, los vínculos comunitarios, las prácticas culturales y espirituales y, en definitiva, las posibilidades de permanecer y proyectar la vida en esos territorios.

El encuentro volvió a poner sobre la mesa una idea fundamental: los salares y las cuencas no son espacios vacíos disponibles para ser explotados. Son territorios vivos.

Tres países, una misma defensa territorial

Las experiencias compartidas a lo largo de este proceso permitieron reconocer que, pese a las diferencias políticas, jurídicas y territoriales entre Argentina, Chile y Bolivia, el avance del extractivismo plantea desafíos que exceden las fronteras nacionales. Y frente a ellos, la posibilidad de construir respuestas comunes se vuelve también una necesidad.

Frente a este escenario, el encuentro permitió avanzar en una respuesta colectiva. De esta última instancia surgió una declaración conjunta y la decisión de sostener la articulación entre comunidades y organizaciones más allá de la finalización del proyecto de investigación, fortaleciendo una red regional para la defensa de sus derechos y territorios.

Desde ANDHES, como una de las organizaciones que acompañó este proceso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando las demandas de las comunidades y fortalecer su incidencia, tanto a nivel nacional como ante los mecanismos internacionales de derechos humanos vinculados con pueblos indígenas, ambiente y empresas.

Allí radica uno de los principales aprendizajes de esta experiencia: si los impactos y las políticas extractivas trascienden fronteras, las estrategias para defender derechos también necesitan construir una escala regional.

Mantener los vínculos construidos, compartir experiencias, sostener las denuncias y fortalecer redes abre la posibilidad de construir una agenda común, capaz de transformar experiencias dispersas en estrategias colectivas de incidencia y de nutrir y fortalecer la defensa territorial.

Más allá de cada frontera, las comunidades sostienen una certeza común: sin agua no hay territorio, y sin territorio no hay continuidad posible para ninguna forma de vida. Defender las cuencas y sus salares (así como el derecho a decidir sobre ellos) es también defender la vida, nuestra soberanía  y la posibilidad de seguir habitándolos desde nuestro derecho a la autoderminación.